El juez de la Púnica pide a la Fiscalía que ordene la macrocausa para impulsarla
La investigación se inició en el año 2014 y tiene de plazo máximo hasta marzo de 2022
El juez Manuel García Castellón quiere poner orden en el caso Púnica y agilizar la investigación. El magistrado de la Audiencia Nacional ha dado un plazo de quince días a las fiscales del caso para que precisen qué hechos y personas deben incluirse en las múltiples ramas de una investigación que podría eternizarse en el tiempo.
En la Púnica, el juez investiga una trama de corrupción local y regional que se reprodujo en numerosos municipios de España, la mayoría del Partido Popular (PP), desde Madrid a Murcia o León . Según los indicios de la causa, que comenzó en el año 2014, los supuestos corruptos amañaron contratos públicos en actividades como la eficiencia energética o la reputación digital, nuevos nidos de corrupción tras la burbuja inmobiliaria. El antiguo dirigente popular Francisco Granados es considerado el cabecilla.
En la providencia, fechada el 10 de enero y a la que ha accedido ABC , el magistrado investigador considera necesario que la Fiscalía Anticorrupción proponga la formación de las piezas separadas que considere convenientes, «precisando hechos y sujetos de cada una de ellas». El objetivo es cumplir con el mandato del anterior juez del caso, Eloy Velasco, que en 2015 dividió la macrocausa para acelerar el curso de la investigación, y conseguir «delimitar objetiva y subjetivamente» cada una de las ramas de la causa.
«El tiempo transcurrido»
El juez solicita este paso con la urgencia de dos semanas por «el estado del presente procedimiento, el tiempo transcurrido de instrucción y la necesidad de impulsar eficazmente la continuación de la causa y la ordenación de la misma». El magistrado alargó el plazo máximo de la causa hasta el 30 de marzo de 2022 ; una fecha lejana en el horizonte y que no tiene por qué agotarse, pero que transmite la lentitud de la investigación y sus dificultades para avanzar. La causa, que si llega al 2022 sería una de las más longevas de todas las macrocausas de la Justicia española, indaga incluso en hechos que nos llevan al inicio de la década del 2000.
Con la actual división de la causa, de las supuestas 16 piezas separadas solo se han formado en la práctica tres , según informan fuentes jurídicas. Una sería la del chivatazo del guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino , que ya fue juzgada y por la que fue condenado a dos años de prisión Granados. También la relativa a las irregularidades en la Diputación de León, por la que serán juzgados dos antiguos altos cargos populares, y la tercera, la que atañe a la actividad de la red en la Comunidad de Murcia. Pero hay mucho más.
Uno de los principales focos de la causa es la presunta financiación irregular en el PP de Madrid . La Unidad Central Operativa (UCO), el equipo investigador de la Guardia Civil, ha concluido que el PP de Madrid abonó casi cinco millones de euros en gastos electorales con dinero negro en las campañas municipales y autonómica de 2007 y 2011, así como en los actos de la formación regional para las generales de 2008. Los investigadores siguen todavía el rastro de este dinero a través de diligencias en marcha.
Otras ramas se refieren a las empresas de reputación digital de Alejandro de Pedro , la firma de espectáculos Waiter Music, o a la compañía de energía Cofely, en la que había un sistema institucionalizado de corrupción según su antiguo director de mercado Pedro García, que ha confesado ante el juez.
Granados, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP de Madrid, declaró en varias ocasiones de forma voluntaria supuestamente para colaborar, acusó sin pruebas a otros dirigentes y se desmarcó de la financiación irregular, aunque admitió que intuyó que existía.
Mientras tanto, el juez del caso ha recopilado indicios de los «tratos de corrupción» que orquestó desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras, entre 2003 y 2004, y desde la de Presidencia, entre 2004 y 2011.
Origen en Valdemoro
El empresario David Marjaliza –el cerebro de la trama, antiguo socio de Granados y que lleva colaborando con la Justicia desde julio de 2015– situó el nacimiento de la red corrupta en la llegada de Granados a la alcaldía de Valdemoro en 1999. Según su confesión, Granados les sugirió a Marjaliza y a otro constructor que unieran sus fuerzas y él les facilitaría adjudicaciones públicas amañadas a cambio de mordidas y comisiones. Esa forma de actuación, según los investigadores, se extendió por diversas regiones, en algunas al paso de Granados, hasta que la intervención policial y judicial les cortó el camino.
Una de las siguientes diligencias será una nueva declaración de José Luis Capita, el empresario que actuó como mano derecha de Marjaliza en sus negocios en Valdemoro , prevista para el próximo 6 de febrero. Capita declaró el 20 de diciembre por ser cotitular de una cuenta en Suiza junto a Marjaliza, y se desvinculó de la trama pero el interrogatorio no terminó.
Ahora, la Audiencia Nacional trata de agilizar la investigación para atar todos los cabos que conduzcan a los respectivos juicios de la Púnica, la hora de la verdad, lejana en el horizonte.
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