El juez de la Púnica procesa al expresidente de Murcia poco después de declarar

El instructor de la pieza del caso Púnica del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido hoy procesar al expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez poco después de que este realizara su primera declaración en sede judicial por su presunta implicación en esa trama delictiva.

En un auto, el magistrado Enrique Quiñonero pone a Sánchez a un paso del banquillo al dar un plazo de 10 días a las partes para que pidan la apertura de juicio oral o el archivo de las diligencias.

Señala que el fiscal, las demás acusaciones personadas y las defensas también podrán pedir de forma excepcional diligencias complementarias si las consideran indispensables para acusar.

El juez dice haber practicado las diligencias que tras estudiar las actuaciones de la Audiencia Nacional, que investiga el grueso del caso, ha creído "necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y el grado de participación en ellos de los investigados con el resultado que obra en autos".

Pedro Antonio Sánchez niega la mayor

Por su parte, el expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha negado hoy que contratara servicios con empresas de la trama Púnica, y ha dicho que solo se reunió en una ocasión con los representantes de esas compañías a petición de las mismas, que insistieron durante diez meses en lograr algún contrato.

Sánchez ha hecho esas declaraciones a los medios de comunicación tras declarar durante aproximadamente una hora ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) en el marco de la operación Púnica, en la que está investigado (antes imputado) por posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.

En concreto, según la exposición razonada de la Audiencia Nacional, donde se investiga el grueso de esta trama, Sánchez habría acordado con empresas de la trama la contratación de trabajos para mejorar su reputación en internet en 2014, cuando era consejero de Educación, y con la intención de cargar esos contratos al presupuesto de la Consejería.

Sánchez, que sigue siendo diputado y presidente del PP murciano, ha insistido en una breve comparecencia en un hotel cercano a la sede del tribunal (en la que ha estado acompañado por el portavoz regional del PP, Víctor Martínez), en que nunca contactó con estas empresas por iniciativa propia ni se reunió en cuatro ocasiones con sus representantes, como apunta la investigación.

Por el contrario, ha dicho, los representantes de las empresas mantuvieron durante diez meses una campaña «comercial agresiva" ofreciendo sus servicios y solo se encontró con ellos una vez en la que presentaron su proyecto, como se hace «con tantos otros representantes» de todo tipo de entidades.

«Las cuatro reuniones no se produjeron y se ha podido acreditar que no es así», ha reiterado, y ha insistido en que si concertó una cita con estas empresas fue en el ámbito habitual de actuación de cualquier cargo público, que pasa «más de la mitad del día dedicado a recibir gente».

«Lo que se hizo fue escucharles, pero no se contrató nada», ha repetido, y ha considerado que solo se le puede acusar de «marear» a esas empresas o de «atenderles», pero nunca trabajaron con la consejería de Educación cuando él era titular.

Además, ha considerado «imposible» la idea transmitida por la acusación de que el contrato no se materializó porque estalló antes la trama, pero estaba previsto empezar en «unas semanas», ya que para iniciar un expediente de contratación en una consejería, como era el caso, se necesita un plazo de al menos cinco meses.

Según ha indicado, ha presentado «más de diez certificados oficiales» que acreditan que «nunca se inició un expediente, nunca se dio el visto bueno, nunca se aprobó, nunca se concertó». Además, ha mostrado a los medios de comunicación una hoja de pedido de servicio de una de las empresas de la trama que forma parte de la investigación y en la que aparece un presupuesto de 32.200 euros anuales para trabajos de reputación online, pero en la que ni se han completado los campos referentes al contratante, ni se ha firmado, sino que todo el documento está en blanco.

Este documento, ha dicho, evidencia que «nunca se acordó nada» con la trama, y ha subrayado que esta investigación responde a una «intención política», puesto que el PSOE es parte de la acusación particular. En cualquier caso, ha subrayado que confía plenamente en la justicia, y ha lamentado que «es gratis machacar a alguien con pruebas tan evidentes de que no ha habido nada».

Fuentes judiciales han indicado a Efe que la fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción venida de Madrid, Teresa Gálvez, ha tenido un destacado protagonismo a la hora de preguntar a Sánchez, con preguntas muy detalladas de las que algunas de las partes presentes en el caso han creído ver que podría estar por la vía de acusar.