El juez fija una fianza de 400.000 euros para que Granados salga de prisión

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco permitirá a Francisco Granados, el supuesto cabecilla de la trama Púnica, salir de prisión tras dos años y medio encarcelado si abona una fianza de 400.000 euros. El magistrado, que dejará esta investigación en junio, considera que el avance de la investigación ha disminuido el riesgo de que Granados pueda influir en la destrucción y desaparición de pruebas, lo que justificaba su encarcelamiento de forma preventiva. Granados ingresó en prisión en noviembre de 2014 tras ser detenido.

El juez ha tenido en cuenta para tomar esta decisión que se ha levantado el secreto de sumario sobre diversas piezas separadas de la causa, entre ellas la parte de la investigación que indaga en una supuesta financiación irregular en el PP de Madrid, y los últimos registros realizados en la pieza que afecta a las empresas Arpegio-Prisma, donde los agentes han incautado material importante para la investigación.

Otra razón valorada por el magistrado para modificar la situación de Granados es que ha disminuido el riesgo de que el exsecretario general del PP madrileño se fugue, según el juez, por el transcurso del tiempo desde que ingresó en la cárcel. Velasco añade que esto permitirá al supuesto cabecilla de la Púnica, un red de corrupción que colonizó numerosas administraciones del PP en Madrid y otras comunidades autónomas, «acudir al primer juicio oral de esta causa en otras condiciones». Esta primera vista oral de la Púnica enjuiciará el chivatazo de dos guardias civiles, que alertaron a Granados de que estaba siendo investigado.

Velasco califica la fianza de 400.000 euros como una medida «proporcional». En el caso de que el antiguo número dos de Esperanza Aguirre, que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid, abone esta cantidad, el magistrado le obligará a comparecer en el juzgado una vez cada quince días, le prohibirá salir de España sin autorización de la Justicia y le pedirá un teléfono y un domicilio para localizarle. Estas medidas buscan asegurar, por un medio menos gravoso que la prisión, que no entorpezca la investigación.

La investigación a la trama Púnica, una red de políticos, empresarios y funcionarios que corrompió las normas administrativas para enriquecerse, ha desvelado también una supuesta financiación B en el PP de Madrid, una sospecha que provocó registros en la sede de la formación regional. El juez sospecha que empresarios camuflaron pagos en B al partido a través de facturación falsa y centra el foco en Fundescam, una fundación ligada al PP de Madrid, que canalizó los pagos, a cambio de adjudicaciones, según las pesquisas.