La ministra de Justicia, Dolores Delgados, durante su intervención ayer en el Congreso - Reuters

Jueces y fiscales temen la erosión de las grabaciones en la Justicia

Las asociaciones exigen explicaciones a Delgado por su encuentro con Villarejo

MadridActualizado:

El callejón en el que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha quedado encerrada tras destaparse su encuentro con el excomisario Villarejo se ha vuelto muy angosto. Las últimas revelaciones destapadas ayer por «Moncloa.com» no solo le afectan a ella, sino a varios magistrados del Supremo y de la Fiscalia General.

Los audios han escocido a las asociaciones de jueces y fiscales, que empiezan a preocuparse por el deterioro de la imagen de la justicia española. Lejos de entrar a matizar las declaraciones particulares de la ministra, los jueces y fiscales exigen que aclare los motivos que le llevaron a encontrarse con el excomisario, ahora en prisión preventiva por su implicación en el caso Tándem.

«Las manifestaciones relativas a las menores en Colombia nos parecen muy graves, si son ciertas tendría que haber denunciado y si no lo son está comprometiendo a personas», protesta en ABC la presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez González del Real. La situación, explica, perjudica a la imagen de los miembros de la carrera judicial, que debe ser ejemplar.

En el FJI no han debatido si pedirán la dimisión de la ministra porque los audios afectan al ámbito privado, pero aseguran que sí que lo harían por otra serie de incongruencias. Por ejemplo, que Delgado «se ha declarado en contra de que los jueces elijan a los doce vocales del CGPJ tras participar en protestas que lo solicitaban».

«Es evidente que el escándalo afecta a la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia»

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prados, es más cauto antes de hacer juicios porque «las grabaciones atentan al derecho a la intimidad» y están recogidas de forma ilícita. La AJFV no ve motivos para pedir la dimisión de la ministra en este caso, pero sí la pedirán si no cumple con sus funciones, «como convocar la mesa de retribuciones que garantice medios y sueldos dignos» en el sector. Eso sí, Prados también asegura que es «evidente» que el escándalo afecta a la percepción que los ciudadanos tienen de la judicatura porque, estén manipulados o no, los audios «están ahí».

El goteo de filtraciones se ha vuelto la tortura matinal del Gobierno que se desgasta al sujetar a la ministra en una nueva polémica. De hecho, Delgado fue reprobada este martes en el Senado tras una moción apoyada por la oposición por sus bandazos en la defensa del juez Pablo Llarena. Y el mismo día Podemos, el socio fuerte del Ejecutivo, pidió su dimisión por las sucesivas rectificaciones en torno a su encuentro con el excomisario.

Así las cosas, Delgado, atrincherada en la cartera de Justicia, aseguró ayer que no dimitirá, aunque sí comparecerá a petición propia el 10 de octubre en la Comisión de Justicia del Congreso, para explicar su relación con Villarejo y las diferentes versiones que emitió en menos de 48 horas.

«Interferencias en Justicia»

La comparecencia de la ministra Delgado es la principal exigencia que tiene la asociación Jueces por la Democracia. Su portavoz, Ignacio González, exige que esclarezca cuanto antes las dudas en torno a su amistad con el excomisario.

«Yo creo que es un trámite imprescindible, que explique por qué tenía contactos con Villarejo y que cuente qué es lo que se ha tratado en esos encuentros», reclama González en conversación con este diario. Según explican desde Jueces por la Democracia, no les interesa los comentarios particulares, sino las razones que motivaron el encuentro, es decir, si hubo algún tipo de «beneficio», «interferencia» o si la ministra, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, «intervino en favor de alguien» a petición del excomisario.

Por otro lado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) rompe una lanza a favor de la ministra y asegura que su trayectoria jurídica está «fuera de toda duda». Según explica el presidente de la organización, Emilio Fernández, los audios constituyen un «chantaje al Estado realizado desde el ámbito de un delincuente» y «personalizado» en la responsable de Justicia. «El Estado no puede ceder, la ministra no debe dimitir», asegura Fernández.

Sin embargo, desde la UPF sí que coinciden con sus compañeros y lamentan que aunque las declaraciones se hayan dado en el ámbito privado que salgan a la luz no contribuyen a generar confianza en los ciudadanos.