Juan José González Rivas: «Hay que recuperar el diálogo y el consenso del 78»

«Ninguna reforma debería poner en tela de juicio el concepto de España como sujeto de la soberanía nacional», advierte

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Presidente del órgano de garantías desde marzo de 2017, Juan José González Rivas (Ávila, 1951), apela a la supremacía de la Carta Magna como origen, cúspide y frontera de nuestro ordenamiento jurídico: «Ninguna revisión del texto constitucional debe cuestionar sus principios y valores esenciales», dice.

-¿Cree que ha llegado la hora de reformar la Constitución? ¿La considera una norma agotada?

-No considero que pueda decirse que la Constitución como norma está agotada. Nuestra Carta Magna ha permitido desarrollar una democracia avanzada, una Monarquía parlamentaria que ha modernizado profundamente a España. Creo que el núcleo de nuestra norma fundamental, su apuesta decidida por la reconciliación, por el encuentro y la tolerancia, pervive igual que ayer. También considero que los poderes públicos deben hacen un esfuerzo para que todos los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, que no han vivido la Transición, conozcan lo que es nuestra Constitución, lo que representa, fomenta y ampara. Ahora bien, esto no implica que nuestro texto constitucional no pueda ser reformado y adaptado a las nuevas realidades de hoy día, siempre y cuando se identifique bien qué es lo que quiere modificarse y exista un consenso social y político amplio e ilusionante.

-¿Se cuenta en estos momentos con el consenso de 1978?

-Hoy es más importante que nunca trabajar desde la sociedad civil, las instituciones y la política para recuperar el consenso, el diálogo y la concordia del pacto constitucional.

-¿Debe haber, a su juicio, alguna línea roja en una hipotética revisión del texto constitucional?

-Es evidente que una reforma de la Carta Magna no debería poner en tela de juicio la democracia, ni conllevar un retroceso de los derechos y libertades, ni un cuestionamiento de los principios y valores constitucionales esenciales o del concepto España como sujeto de la soberanía nacional. Tampoco debería debilitar la propia supremacía de la Constitución como origen, cúspide y frontera de nuestro ordenamiento jurídico, basada en el uso libre de la soberanía nacional por parte de todos los españoles.

-¿Ha fracasado el título VIII de la Constitución?

-El Tribunal Constitucional ha sido y es firme defensor del proceso autonómico. Es cierto que el horizonte abierto que ofrece la Constitución ha generado dosis de conflictividad entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Por eso todos los mecanismos de cooperación bilateral o sectorial entre las Autonomías y el Estado son intrínsecamente buenos, en especial las Comisiones Bilaterales de Cooperación. En todo caso son fundamentales la lealtad constitucional y la lealtad institucional. De la lealtad al texto constitucional, de la búsqueda del interés general y de la fidelidad entre instituciones, cada una en el sitio que le concede la propia Constitución, se nutre nuestra democracia.

-¿Dispone el TC de suficientes herramientas para hacer cumplir sus resoluciones?

-Como señala el artículo 87 de nuestra Ley Orgánica, las resoluciones del Tribunal son de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos. En este sentido, la reciente Ley 15/2015 proporcionó nuevos instrumentos para asegurar la ejecución de las mismas. Esta reforma fue declarada constitucional y conforme a los estándares europeos por el propio Tribunal y por la Comisión de Venecia. Ahora, el Tribunal Constitucional es mesurado y prudente a la hora de hacer uso de estas nuevas facultades. Sólo en una ocasión se ha recurrido a la imposición de multas coercitivas frente a quienes pretendían desatender nuestras decisiones.

-¿Cree que el TC ha salido fortalecido con sus decisiones y la unanimidad sobre el órdago secesionista?

-El Tribunal Constitucional ha tratado de actuar en todo momento con proporcionalidad y firmeza, buscando siempre el consenso entre todos sus Magistrados para reforzar la legitimidad de sus resoluciones. Como decía Kelsen, el propósito del Tribunal Constitucional es ser garante jurisdiccional de la Constitución, entendida como marco de libertad y de convivencia entre todos los españoles, frente a aquellos que han buscado, por vía de hecho, al margen de la ley, la ruptura del orden constitucional. En especial, traigo a colación las sentencias de este Tribunal 114/2017 y 124/2017, que declararon la inconstitucionalidad total de las Leyes del Parlamento de Cataluña sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y sobre la denominada transitoriedad jurídica y fundacional de la república, aprobadas además con quiebra del proceso legislativo establecido en el Estatuto de Cataluña.

-¿Deja margen la Constitución para resolver el tema catalán?

-Por supuesto. Nuestra Constitución es abierta y generosa. Su esencia, resulta conveniente recordarlo, emerge del diálogo, del consenso, de la concordia. Retomar la senda de 1978, en conmemoración del 40 aniversario de nuestra Carta Magna, sobre estos elementos, supone seguramente el mejor homenaje que podamos hacerle a un texto que nos ha permitido llegar muy lejos.

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