Imanol Arias asegura al juez que quiere pagar todo el dinero debido a Hacienda lo antes posible

El actor Imanol Arias ha asegurado al juez este miércoles que su voluntad es abonar hasta el último céntimo de euro lo antes posible, ahora que es consciente del error cometido al tributar sus rentas, razón por la que está imputado en la Audiencia Nacional por fraude fiscal. El actor, que está acusado de defraudar 2,1 millones de euros, ha relatado que siempre confió en el despacho de abogados Nummaria, al que siempre pidió que todas las gestiones se hicieran de forma legal.

Tras una comparecencia de más de una hora, el actor se ha marchado en un coche con su abogada, sin atender a los medios de comunicación. Arias, que representa el papel de "Antonio Alcántara" en la serie "Cuéntame cómo pasó", ha narrado al juez que iba una vez al año al despacho de abogados y que se enteró de las irregularidades cuando estalló el escándalo, según las mismas fuentes.

La Fiscalía Anticorrupción le acusa de defraudar 2,18 millones de euros, sobre todo de lo cobrado en la serie, durante cinco ejercicios fiscales: desde 2010 a 2014. En total, el Ministerio Público considera que los dos actores, Imanol Arias y Ana Duato (el mítico matrimonio Alcántara en la serie de TVE «Cuéntame cómo paso»), dejó de pagar a Hacienda casi 3 millones de euros: 2.983.100 millones de euros.

Las explicaciones de Arias han ido en consonancia con lo que declaró el jefe de Nummaria, Fernando Peña, el supuesto cabecilla de la trama de evasión, quien aseguró al juez que no entendía por qué estaban siendo investigados Arias y Duato. La actriz también se desvinculó de la gestión de sus tributos, para lo que confió en el bufete de abogados.

Según la querella de Anticorrupción, el despacho de abogados ideó una compleja trama de sociedades que llegó hasta Reino Unido y Costa Rica, con el objetivo de ocultar las rentas de los clientes. La fórmula empleó a las llamadas Agrupaciones Europeas de Interés Económica (AEIE), cuyo espíritu es permitir que se monten negocios en varios países europeos. El Ministerio Público asegura que estas compañías no tenían ninguna actividad: eran una tapadera.