La imagen de España: un cambio para estar orgulloso
Los españoles deberían estar orgullosos de lo que han conseguido, pero no pueden darse el lujo de dormirse en los laureles: el envejecimiento representa uno de los grandes desafíos
Se mire como se mire, España ha cambiado profundamente desde la Constitución democrática de 1978 que puso fin a la dictadura del general Franco. El país del pasado reciente parece extranjero e irreconocible, ya sea en el terreno económico , con la creación, por ejemplo, de un número significativo de multinacionales (superior al de Italia) o el segundo sector turístico del mundo en cuanto a cifras de visitantes; en el político, con una vigorosa democracia que, con todos sus defectos, ocupa uno de los primeros puestos en las calificaciones internacionales; en el social, con las enormes mejoras en la situación de la mujer (en la universidad hay más mujeres que hombres); o en el de la política exterior, terreno en el que España ha reivindicado su lugar en el escenario internacional.
En los últimos 40 años, los ingresos per cápita en paridad de poder adquisitivo se han multiplicado por cinco, y la esperanza de vida al nacer ha aumentado casi 10 años hasta los 83 (más que en Reino Unido, mi país, donde ha empezado a descender). El régimen de Franco metía a «chulos, villanos y homosexuales» en el mismo saco delictivo. Este año, a la cabeza del desfile del orgullo LGBT estuvo nada menos que Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Interior homosexual.
Estos cambios no son exclusivos de España, pero se agolpan en un lapso de tiempo mucho más breve que en la mayor parte de los demás países europeos. España ha alcanzado una situación similar a la de estos -en algunos casos, mejor-, desmintiendo así la teoría, todavía del agrado de ciertos sectores, de su «naturaleza excepcional» o de su «anomalía» (ver la tabla).
Más extraordinario aún es que la Transición, guiada por el Rey Juan Carlos I, se llevó a buen fin a pesar de los considerables obstáculos. Solemos olvidar, y vale la pena recordarlo, que el éxito no estaba garantizado desde el principio . ETA mató a una media de 50 personas al año en la primera década de la democracia (en 1995 organizó, además, los intentos de asesinato del Rey y del presidente del Gobierno, José María Aznar), y los mandos castrenses franquistas dieron un golpe de Estado en 1981 con la intención de retroceder en el tiempo.
Los problemas actuales, como la aún altísima tasa de paro -sobre todo entre los jóvenes-, la grave desigualdad de ingresos, el aumento de la exclusión social, el desafío independentista ilegal de Cataluña y la corrupción de la clase política no desmerecen el hecho de que, a lo largo de los últimos 40 años , España ha gozado de un periodo de prosperidad y estabilidad sin precedentes. (Desde 1978, el país ha tenido siete presidentes, muy por debajo de los 25 italianos, uno de los cuales ocupó el cargo tres veces).
Es fácil criticar la Transición sui géneris -como critican desde la cómoda perspectiva del presente algunos izquierdistas radicales que no la vivieron- por ignorar el movimiento de la «justicia transicional», que propugna saldar cuentas con el pasado como parte del proceso de democratización, creando, por ejemplo, una comisión de la verdad, o llevando a juicio a los responsables clave del viejo régimen.
Sin embargo, no todas las transiciones democráticas se ajustan al mismo patrón, ni tampoco hay consenso sobre lo que supone saldar cuentas con el pasado. España adoptó una postura pragmática y funcionó. La prueba es que el régimen democrático creado durante la Transición y consagrado en la Constitución es el primero que goza de un grado significativo de estabilidad en la turbulenta historia del país.
Los próximos 40 años, sin embargo, serán muy diferentes. El partido gobernante, sea del color que sea , o un deseable gobierno de coalición (junto con Malta, España es el único miembro de la Unión Europea que no ha estado gobernado por una coalición en las últimas cuatro décadas) tiene que recuperar la capacidad de llevar a cabo reformas estructurales.
Los desafíos futuros van a poner a prueba la considerable cohesión social generada desde 1978. El más evidente es el envejecimiento de la población y la presión que está ejerciendo ya sobre el sistema sanitario y la viabilidad del sistema público de pensiones. En 2050, el 35% de la población tendrá más de 67 años, frente al 16,5% actual. A menos que se produzca un giro demográfico significativo, dentro de una década se sumarán anualmente al mercado de trabajo alrededor de 400.000 personas, mientras que 800.000 se jubilarán. Tal cambio representará una pesada carga para las cuentas públicas y debilitará el crecimiento económico español.
Los españoles deberían estar orgullosos de lo que han conseguido, pero no pueden darse el lujo de dormirse en los laureles.
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