El Gobierno de Zapatero proyectó la desaladora de Sagunto para un polígono semidesierto

«Si hubiera dado el visto bueno, ahora sería la desaladora de Camps», comenta irónico el expresidente de la Generalitat Francisco Camps sobre la única desaladora de la provincia de Valencia que sigue paralizada por falta de usuarios. La planta de Sagunto fue impulsada desde el Gobierno central por un real decreto aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Camps llevaba un año en la presidencia de la Comunidad.

«El Plan Hidrológico Nacional no descartaba que hubiera desaladoras, buscaba dónde ubicarlas por necesidad. De la noche a la mañana eliminan el trasvase y tienen que sacar una alternativa. Fue idea de Zapatero con Narbona y un tripartito –PSOE, Compromís e Izquierda Unida– que se empeñó en firmar por una cuestión absolutamente política.

¿Dónde están los responsables de este despilfarro? ¿Quién nos puso en este atolladero económico? Casi quince años después sigue sin funcionar, ¿qué necesidad teníamos de una desaladora?», se pregunta Sergio Muniesa, concejal del Partido Popular.

La desaladora de Sagunto tenía como objetivo proporcionar agua a la que iba a ser la mayor extensión de suelo empresarial de Europa y el principal polígono industrial de España, con más de 9 millones de euros de metros cuadrados. Ahora está semidesierto. «Siempre lo planteamos para consumo industrial. Coincidió con un periodo de crisis. No se cumplieron las expectativas de crecimiento que justificaban su construcción», asegura Josep Francesc Fernández, actual alcalde de Compromís, y concejal de Urbanismo cuando se puso en marcha el Programa AGUA del ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona. «Era el cuento de la lechera. ¡Van a venir grandes empresas! Ya, pero cuáles. Si sólo es logística, poca necesidad de agua ibas a necesitar», critica Muniesa.

El convenio se firmó el 11 de enero de 2007 exclusivamente entre el ayuntamiento de Sagunto, representado por la alcaldesa socialista Gloria Calero, y el director general de Acuamed, Adrián Baltanás, investigado en el caso de corrupción por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El municipio asumía 38 millones de euros de amortización del coste de la desaladora durante 25 años a partir de la entrada en explotación.

«El convenio se ha quedado obsoleto y virtual. No podemos asumir el coste. Estamos tratando de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que no se pierdan los fondos europeos ni sea una losa para los vecinos», concilia Fernández. «Somos la única ciudad que tenemos garantizado por ley agua. Mil litros por segundo a nuestra área por un decreto que se realizó con la reconversión industrial. La desaladora no era necesaria. No tenemos problemas de abastecimiento. Tan sólo consumimos 230 litros del metro cúbico que nos corresponde», señala el concejal popular.

La factura del agua desalada por osmosis inversa incluye, además del coste de la infraestructura, gastos fijos de energía, personal, administración, mantenimiento y conservación, con una cláusula que los ata literalmente. El coste será abonado «cualquiera que sea el volumen de agua de la planta suministrado, incluso si fuera nulo». «El recibo no distingue al usuario multiplicando la tarifa por tres. La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, dijo levantando la voz que se pusieran en marcha, eso es inasumible para los vecinos», recalca Muniesa.

Por su parte, Elena Cebrián busca la conciliación a un problema enquistado. «Es hora de que se sienten el Ministerio y Acuamed y planteen una solución viable. Es una responsabilidad compartida entre todas las administraciones, sin echarnos los trastos a la cabeza. Tenemos que asumir dejar los conflictos alrededor del agua. Desde la Generalitat tenemos que ser capaces de marcar una línea a futuro, porque somos de los territorios más vulnerables en recursos hídricos».

«Sólo mirando las desaladoras que no están en marcha son más de 155 millones de euros invertidos. Hubo mucha urgencia en adjudicar las obras, en dar publicidad al programa AGUA, pero nadie pensó en la repercusión en el usuario. Todavía no nos ha llegado la factura a todos los españoles de las desaladoras del PSOE», subraya Isabel Bonig, presidenta del PP de la Comunidad Valenciana.

La planta de Sagunto se suma a las dos ubicadas en la provincia de Castellón que no encuentran el día de activarse. Ningún municipio quiere afrontar el incremento de la factura del agua de mar, esa agua que se convirtió en el eje de una campaña de propaganda institucional de más de 9 millones de euros para ensalzar las bondades de la desalación.

«El mar, fuente inagotable de vida» fue el lema socialista creado para vender el éxito de la gestión de las desaladoras desde el ministerio de Medio Ambiente de Narbona, a cuatro meses de las elecciones generales de 2008. La financiación de esa publicidad por parte de constructoras adjudicatarias de desaladoras «por valor y en proporción al importe del contrato de obra» está siendo investigada por la Audiencia Nacional.