La planta de Oropesa tendrá que devolver 18 millones a Europa si no se activa

A dos kilómetros de la playa de Marina d´Or, con arena fangosa por culpa de los últimos temporales, casi mirando a dos duchas en forma de elefantes que echan agua por la trompa, está la toma de la desaladora de Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón, situada en la entrada norte del complejo vacacional, cuando giras en una ostentosa rotonda con una escultura que bien podría haber firmado Juan Ripollés.

En pleno agosto esta macro Ciudad de Vacaciones llega a los 120.000 habitantes sin que todavía hayan necesitado usar la desaladora proyectada con «carácter de urgencia» en el real decreto de junio de 2004 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Trece años después tampoco podrían utilizar el agua de mar por osmosis inversa

, porque todavía no están terminadas las conducciones de suministro.

Es el mismo problema que afronta Benicassim, otro de los municipios que firmó el convenio con la desaladora. «Si en este momento se abriera el grifo, a las casas de Benicassim no podría llegar el agua. La conducción no está finalizada al cien por cien», explica Susana Marqués, actual regidora de la población.

«En fase de ejecución»

Así es como reza en la web de Acuamed, «en fase de ejecución de obra», y certifica Elena Cebrián, consellera de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. «Hemos descubierto en los presupuestos de este año que faltan las conducciones. Los ayuntamientos se tienen que sentar con los planos sobre la mesa con Acuamed y el ministerio de Medio Ambiente para finalizar las obras y realizar una gestión óptima».

Cifras sobredimensionadas de una demanda es el legado del Programa AGUA impulsado por Cristina Narbona. «Sobre todo en la provincia de Castellón. Estaban relacionadas con unas expectativas creadas alrededor de un desarrollo urbanístico que no fue realista», recalca Cebrián. «¡A ver quién a nivel político no asumía el compromiso y cerraba las puertas a la expansión! La desaladora fue una exigencia del Gobierno central. Nadie pensaba que se iba a convertir en una burbuja. Llegamos a dar más células de habitabilidad en Oropesa que en la ciudad de Castellón en un año», recuerda Tomás Fabregat, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Oropesa del Mar cuando se cerró el convenio.

«Fue un auténtico despropósito. Gobernaba el Partido Socialista a nivel central cuando Francesc Colomer -actual secretario autonómico de Turismo de Ximo Puig- impulso la desaladora. Estuvo con Narbona haciéndose la foto. Era el coste político que tenía que pagar para mantenerse en su puesto, que hipotecaba las arcas municipales durante 25 años a razón de un millón anual sólo por la amortización de la obra», asegura Marqués, del PP.

Mientras, la desaladora de Oropesa sigue en periodo de hibernación. «No tenemos usuarios desde que se recibió la obra en septiembre de 2015, aunque estamos en disposición de dar agua», recalca Sergio Grau, de la dirección de Ingeniería y Construcción de Acuamed. La planta cuenta con seis líneas que producirían 48.000 metros cúbicos, el equivalente al consumo de toda Oropesa y Benicassim en un día a hora punta.

Llama incluso más la atención la inoperatividad de las dos plantas de Castellón, cuando actualmente el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar está en situación de sequía, y un real decreto insta a «movilizar todos los recursos disponibles».

La impotencia de los ingenieros encargados de la infraestructura se muestra en sus caras mientras cruzamos la planta con su llamativo código de colores. Tubos verdes para el agua de mar. Naranja y lila, para reactivos. Rosa, productos químicos. Ellos no entienden de convenios. «Todo lleva un trámite administrativo que desconocemos», reconoce. «Cada seis meses hacemos un arranque por temas de mantenimiento. Hay que mover el agua en los bastidores, evitar que se estanque, que nada se oxide y cuidar de las 3.600 membranas que son la esencia de la planta».

Estos costes se suman a los más de 63 millones invertidos, sin contar la devolución de 18 millones de fondos europeos, si no se activa antes de la última moratoria de la Comisión Europea. «¿Crees que el 2019 con unas elecciones nacionales alguien se va a poner a hablar de la factura del grifo? Esto es un marrón tremendo», declara Marqués. «Independientemente de los colores de los partidos, al final va a repercutir en los contribuyentes», insiste Cebrián. «Hay que buscar una solución. El Estado debe hacerse cargo y no los municipios, porque viene de una decisión a nivel nacional».

«O renegociamos los convenios con los ayuntamientos y se lamina la amortización o el Gobierno central asume el coste como hizo con Castor o en Cataluña. Parece que la Comunidad Valenciana estamos al margen», concluye Marqués.

Como apunta el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto que arranca el caso Acuamed, «alguno llega a decir que el dinero público no es de nadie». Con el tema del despilfarro de las desaladoras estamos en esa tesitura. «Hay un silencio propiciado detrás de Programas AGUA, de financiaciones externas vinculadas a ciertos partidos, que nos afecta directamente a los bolsillos», sostiene la alcaldesa popular de Benicassim.