El Gobierno pudo denunciar los lazos o activar a la Abogacía

El Gobierno de Pedro Sánchez quería que Quim Torra retirase los lazos amarillos de los lugares públicos catalanes, pero no se movió para forzarlo. El Ejecutivo dejó la iniciativa en manos de la Junta Electoral Central, el órgano de la administración encargado de velar por la transparencia y la objetividad en los procesos electorales. ¿Pudo hacer algo más el Gobierno o su pasividad tenía justificación?

Los juristas consultados por ABC -un magistrado que prefiere ocultar su nombre y el catedrático de Derecho Penal Miguel Bajo- consideran que el Ejecutivo pudo tomar la iniciativa para forzar la retirada de los lazos ante la obstinación del presidente de la Generalitat. Otro catedrático de Derecho Penal y abogado, Luis Rodríguez Ramos, sostiene que la verdadera competencia en el asunto era de la Junta.

Según los expertos que aprecieran un espacio para actuar, el Gobierno podría haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, un paso que llevó a cabo la Junta. Al recibir la denuncia, el Ministerio Público puede querellarse contra Torra, un paso que puede conducir a un proceso penal . La Fiscalía también podría haberlo hecho de oficio, sin necesidad de que nadie le avisara, desde el momento en el que tuviera conocimiento de una actuación sospechosa de delito. En este caso, el de desobediencia, un crimen que no se castiga con pena de cárcel.

Otra opción que siempre tiene sobre la mesa el Ejecutivo es la activación de la Abogacía del Estado, el órgano que dirige los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, y que está integrado en el Ministerio de Justicia.

Según los expertos consultados, algún ministerio como el del Interior o el de Justicia pudo ordenar a la Abogacía la presentación de una querella al considerar que Torra podía estar cometiendo un delito. El bien que defender sería la limpieza y neutralidad en los procesos electorales.