La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ayer, en el Consejo de Ministros
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ayer, en el Consejo de Ministros - EP

El Gobierno fuerza el choque con la Generalitat para desactivar a la oposición y las críticas en el PSOE

Calvo envió a Artadi y Aragonès el documento estando en el Consejo de Ministros. Le pidieron una reunión para ir más allá y ésta zanjó: «Entiendo que es un no. Suerte»

Madrid Actualizado: Guardar
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Acuciado por la división interna en el PSOE y alertado por la movilización de la oposición que, como sucedió en Andalucía, amenaza con seguir erosionando la base electoral del socialismo, el Gobierno cambió ayer de estrategia y forzó un choque con la Generalitat de Cataluña que interrumpe el proceso de diálogo entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los partidos independentistas.

A menos de una semana de que se voten las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reconoció que los contactos han «encallado» y publicitó un documento que definió como un «destino final», lo más lejos que el Ejecutivo podía llegar. « Cuando las dos partes sostienen dos posiciones inconciliables, hay que parar. Simplemente, hay que parar, no cabe otra alternativa. Los partidos que sostienen al Govern tendrán que explicar por qué rechazan una oferta de diálogo bastante razonable», manifestó la número dos del Gobierno, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Una rectificación en las formas, más que en el fondo. Porque, de hecho, el Gobierno distribuyó un documento en el que se demuestra que el Ejecutivo acepta muchas de las exigencias que venían planteando los independentistas.

El Gobierno acepta la mesa de partidos con «dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán), de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y, en su caso, de las formaciones vinculadas a los mismos». Una fórmula que, como reconocen fuentes de la negociación, se utilizó para que pudieran estar representados el PSOE y Unidos Podemos, como reclamaban los independentistas. Una cesión del Gobierno, que siempre había defendido que en la mesa se tenían que sentar los partidos catalanes.

Y aunque no se mencionaba expresamente la palabra «relator», lo cierto es que el documento incorpora esta figura y le otorga importantes funciones: «Al frente de esta mesa de partidos se propondrá de común acuerdo una persona que será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día. Asimismo, ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dará fe de los acuerdos alcanzados y determinará el seguimiento de su aplicación».

Estaban aceptados por parte del Gobierno puntos sustanciales de la discusión, pero seguía existiendo debate respecto al calendario, los nombres del posible «relator» o, entre otros, las líneas rojas de la discusión de fondo. Reivindicaciones que siempre han mantenido los independentistas pero que sirvió al Ejecutivo para teatralizar la ruptura.

Pelea por el documento

Desde la Generalitat, las palabras y el documento de Calvo se interpretaron como un «abandono» por parte del Gobierno a seguir «dialogando» con el gobierno catalán y las formaciones secesionistas sobre «una solución política para Cataluña».

Todavía no había acabado la rueda de prensa de la vicepresidenta en la Moncloa cuando Elsa Artadi y Pere Aragonès convocaban a los medios para dar una respuesta oficial: «El gobierno de la Generalitat sigue en la mesa de diálogo con el Gobierno y siempre estará en ella. Pero no pueden pedirnos que renunciemos a nuestras convicciones», señaló Aragonès, en referencia a la negativa del Ejecutivo a negociar sobre un referéndum de secesión. «Lamentamos que el Gobierno haya cedido al nacionalismo español, la derecha y la ultraderecha», acusó.

El Gobierno a lo más que estuvo dispuesto a llegar fue a incluir en el texto que los participantes en esa mesa de diálogo, cuestionada el jueves por Felipe González por «deteriorar las instituciones», podrían «plantear sus propuestas de resolución y proyecto político, con total libertad, sobre el futuro de Cataluña con el fin de consensuar una propuesta política y democrática». Insuficiente y sorprendente para Artadi y Aragonès.

Fuentes oficiales de la Generalitat señalaron, ayer por la tarde, que durante la semana Calvo se había mostrado favorable a aceptar un documento en el que figurasen las reivindicaciones de los independentistas («autodeterminación» y «represión» incluidas), pero «algo cambió el jueves».

Las mismas fuentes indicaron que el gobierno catalán se enteró del documento del Gobierno poco después de las 13.30 horas de ayer y que, tras una respuesta de Artadi y Aragonès instando a Calvo a reunirse este mismo viernes, la respuesta de la vicepresidenta -poco antes de las 14.00 horas y todavía desde el Consejo de Ministros- fue seca y entendiendo que los independentistas rechazaban el documento. «Entiendo que es un no. Suerte», aseguran que fue lo último que dijo la número dos del Gobierno.

Tras esto, Calvo, que desplazó a la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, compareció ante los medios y presentó esta cuestión como la causa de que no pueda llegar a formalizarse la negociación: «El Gobierno de España no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación»; y reiteró que esa era su última propuesta: «Lo hemos intentado hasta ese documento».

Calvo trasladó, efectivamente, que todo se truncó en las últimas horas: «Ayer (por el jueves) advertí (al gobierno catalán) de que no podemos dar más vueltas sobre una posición que para nosotros es inaceptable. Si de ahí no salimos, no podemos avanzar». Fue Sánchez, en última instancia, quien decidió forzar la situación. Calvo afirmó que las decisiones «importantes» del Ejecutivo «las toma el presidente, como es lógico y normal».

Sin querer aceptar que la no aprobación de los Presupuestos pueda ser definitiva, la número dos del Gobierno sí reconoció que «sin los Presupuestos, el tiempo de la legislatura se acorta». El Gobierno cambia el paso y al subir el tono arriesga la aprobación de las cuentas, pretendiendo sacar rédito de la victimización: «Será muy difícil explicarle a los españoles que en esta situación no se apoyan los Presupuestos que están para mejorar la vida a la gente. Alguien tendrá que explicar por qué no quieren que se pueda seguir haciendo esfuerzos de mejora».

Pero el espacio no está cerrado del todo, ya que se mantiene la comisión bilateral Estado-Generalitat: «No podemos cerrarnos en el plano institucional. Ni podemos, ni queremos. Nosotros somos también el Gobierno de Cataluña».