El Parlamento catalán retorna a la desobediencia y el Gobierno impugnará sus acuerdos
JpC, ERC y CUP piden la salida de la Benemérita de Cataluña y una amnistía para los líderes del 1-O
El Gabinete de Pedro Sánchez ha optado esta vez por responder ante el nuevo reto que lanzó ayer el Parlamento de Cataluña. Fuentes del Gobierno anunciaron anoche que el Ejecutivo actuará jurídicamente e impugnará tres de las propuestas de resolución aprobadas en el Parlament que piden, por un lado, la salida de la Guardia Civil de la comunidad autónoma catalana y, por otro, el impulso de una amnistía para los líderes del 1-O si son condenados, la autodeterminación y «la desobediencia civil e institucional» de la Generalitat. Unas propuestas aprobadas por JpC, ERC y la CUP, y que en el caso de la petición de «retirada» de la Benemérita y de la amnistía a los presos contó con la abstención de los comunes.
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El Gobierno incidió en que se trata de una decisión política que necesitará de su trámite, dado que aún no están publicadas las iniciativas oficialmente. En este sentido, el Ejecutivo también destacó que todavía no ha decidido ante que instancia presentará la anunciada impugnación que, previsiblemente, tendría que ser el Tribunal Constitucional.
Máxima tensión
El pleno de ayer recordó a los vividos en los momentos de máxima tensión de 2017. «Libertad, libertad, libertad». Con este cántico y aplausos a favor de la libertad de los siete CDR detenidos el lunes por la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional respondieron, ayer, los diputados de JpC, ERC y los comunes en el Parlamento de Cataluña. Lo hicieron poco después de conocer la decisión del instructor del caso, antes de poner punto y final al Debate de Política General y ante el asombro de los representantes de los constitucionalistas. Gritos, insultos, descalificaciones... La CUP abandonó el pleno durante las votaciones de las propuestas de resolución y Roger Torrent (ERC) expulsó a Carlos Carrizosa (Cs).
La propuesta de resolución que afirma «la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados», fue presentada por los antisistema de la CUP y respaldada por JpC y ERC. La iniciativa contra la Guardia Civil fue defendida por JpC y ERC, con el respaldo de la CUP, y requiere «la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil, dado que se han mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales».
La tercera propuesta fue iniciativa de las dos formaciones independentistas y los antisistema, y contó con la abstención de los comunes. En ella se expresa el compromiso del Parlament para trabajar con el fin de conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O y se ratifica en «la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación».
Los momentos más broncos se registraron cuando el líder de la CUP, Carles Riera , pidió la palabra para pedir a Torrent la suspensión «temporal» del pleno, como protesta por la prisión de los CDR, que acababa de hacerse pública. «No podemos normalizar la vida institucional con una situación de excepcionalidad democrática y represión», dijo Riera. Torrent no aceptó su petición y los representantes de la CUP se fueron. El fin de la normalidad era solo cuestión de minutos.
Finalizadas las votaciones, Gemma Geis (JpC) anunció que su grupo y ERC proponían una reunión de la Junta de Portavoces «dado el contexto que se había producido hoy». Sergi Sabrià (ERC) subió el tono: «Pedimos la convocatoria de una Junta de Portavoces para denunciar la violencia, las formas, la aplicación de la ley antiterrorista a estas siete personas que acaban de decretar que ingresen en prisión». Fueron estas palabras la señal para que una veintena de diputados de ERC se levantaran al grito de «libertad, libertad, libertad» y acompañados de los aplausos de la mayoría de la bancada independentista, incluido Quim Torra , presidente de la Generalitat, y al menos los consejeros Alba Vergés (ERC) y Jordi Puigneró (JpC).
A Torrent se le fue de las manos el pleno. No advirtió a ningún diputado ni a los invitados en la tribuna de público. Una decisión que muestra el «sectarismo» del presidente del Parlamento autonómico, según las formaciones constitucionalistas.
