El juez encarcela al ala radical de los CDR por apostar por el terrorismo

Dos de los acusados, que disponían de planos de varios cuarteles de la Guardia Civil, admiten ante el juez que compraron explosivos para ensayar

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Agentes de la Guardia Civil acompañan a uno de los CDR detenidos este lunes durante los registros efectuados en Sabadell EFE

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La Justicia vinculó ayer –por primera vez desde los tiempos de Tierra Lluire– al ala más radicial del secesionismo catalán con el terrorismo. El magistrado Manuel García-Castellón encarceló sin condiciones a los siete miembros de los CDR acusados de formar un grupo terrorista para lograr la independencia de Cataluña por cualquier cauce. Fueron enviados a la cárcel madrileña de Soto del Real tras una larga jornada en la Audiencia Nacional.

Según informaron fuentes jurídicas, el juez aprecia indicios de que los encarcelados formaban parte de los ERT (los equipos de respuesta táctica de los CDR), «una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas». La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó prisión sin fianza para los siete, con el objetivo de impedir que materialicen sus planes y para evitar que destruyan las pruebas.

El Ministerio Público justificó las detenciones por la «certeza» de que las supuestas acciones terroristas se iban a producir entre el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la sentencia del «procés», que se prevé en la primera quincena de octubre. La causa, dirigida por el juzgado central de instrucción número 6, se encuentra bajo secreto de sumario.

En los autos, el magistrado les imputa los delitos de pertenencia a organización o grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para el delito de estragos; los crímenes que les atribuye el Ministerio Público. Estamos al inicio de la instrucción judicial.

El magistrado considera que concurren los motivos que exige la ley para enviarles a prisión sin que ninguna condición pueda evitarlo , a pesar de no haber sido juzgados ni condenados: la gravedad de las penas de los delitos que les imputan, la capacidad de destruir pruebas, la posible sustracción de la acción de la Justicia y el riesgo de reiteración de los delitos.

En sus comparecencias ante el juez, dos acusados admitieron haber participado en la compra de los explosivos incautados «para ensayar», sin saber justificar cual sería el motivo de esos supuestos ensayos, informaron a ABC fuentes de la investigación. Estos dos encarcelados ratificaron sus declaraciones previas ante los investigadores de la Guardia Civil , en las que ya reconocieron tales hechos. Ante el juez, eso sí, bajaron unos grados el tono de sus confesiones.

En aparatos electrónicos requisados a los investigados, en los registros de la operación, se han encontrado planos de ubicación de varios cuarteles de la Guardia Civil en localidades de Cataluña. No solo del ubicado en el municipio de Canovellas (Barcelona) , como trascendió en principio. También disponían de fotografías de comisarías de los Mossos d’Esquadra, informaron las mismas fuentes.

En uno de los autos entregados a las defensas, el juez afirma que «el ERT es una organización con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización», informa Efe. Cita un suceso del 15 de septiembre del 2018 , en la que se planeaba el encuentro con una persona de perfil peligroso.

Los siete encarcelados fueron arrestados el pasado lunes en la Operación Judas , desarrollada en diversas localidades de la provincia de Barcelona, en la que fueron detenidos otros dos sospechosos que luego fueron liberados. Los investigadores incautaron guías explicativas para la confección y el empleo de explosivos, numerosa documentación, unos 170 dispositivos electrónicos (que ahora deben ser analizados); así como un arma corta de nueve milímetros, munición real y de fogueo, y material para confeccionar explosivos.

Según ha podido saber ABC, los investigadores atribuyen a dos arrestados un rol protagonista en los planes del supuesto grupo terrorista: se trata de Eduard Garzón (49 años) y de Xavier Duch (50 años). A los demás les sitúan en niveles más inferiores.

Los dos encarcelados que se desmarcaron del resto –que fueron defendidos por sus respectivos abogados de oficio– admitieron ante la Guardia Civil su participación en la adquisición de ese material tras serles exhibidos vídeos y documentos gráficos en los que aparecían con otros arrestados, en uno de los cuales aparecen realizando pruebas físicas con los explosivos en una cantera. El grupo central de los arrestados, los que se negaron a declarar a la Fiscalía, son representados por el mismo abogado, de la organización Alerta Solidària , próxima a la entidad independentista radical Arran. Ellos negaron su vinculación con la actividad terrorista, y alegaron arraigo familiar y social para no fugarse.

A primera hora de la mañana, les expresaron su apoyo en las inmediaciones del tribunal representantes de ERC, Junts per Catalunya y Bildu, quienes hablaron de «montaje policial».

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