El Gobierno cambia el paso y ya se opone abiertamente a que los restos de Franco vayan a la Almudena

La vicepresidenta del Gobierno destaca que la inhumación debe producirse «en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que pueda ser objeto de ningún tipo de homenaje» que «obviamente no puede ser la Almudena»

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, hoy en el Congreso de los Diputados EFE
Víctor Ruiz de Almirón

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Tras muchas dudas y tras manifestar que su único compromiso era la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, el Gobierno cambia definitivamente el paso para impedir que los restos descansen en la cripta de la Almudena.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo , se reunió ayer con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin , y su departamento informó de que se estaba de acuerdo con la Santa Sede en «buscar una solución y mantener el diálogo» para la posterior inhumación de los restos de Franco. Un punto que demostraba que el Gobierno no se da por vencido.

Hoy, la número dos de Sánchez ha dejado claro que van a intentar impedir que los restos pasen a reposar en pleno centro de Madrid, en la cripta de la Almudena que la familia Franco tiene en propiedad. Calvo ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que habló con Parolin de la necesidad de «encontrar una salida» a la inhumación, pero advirtiendo que el Gobierno está dispuesto a desplegar su legislación.

La vicepresidenta se refiere a que el Estado tiene que vigilar a través del poder ejecutivo que Franco no sea enaltecido en ningún punto de España, por lo que la inhumación debe producirse «en ningún lugar en los que pueda ser objeto de ningún tipo de homenaje». Y en este sentido ha dado por acordado este punto con la Iglesia: «Lo que acordamos fue estar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena ».

Respecto a la posibilidad de realizar homenajes, Calvo ha manifestado que el Gobierno tendrá «instrumentos para cumplirlo». Según la vicepresidenta del Gobierno se «advirtió» a Parolin que «la aplicación de la ley en nuestro caso se debe hacer en cualquier lugar del territorio y en este punto entendió que debíamos intentar, el Gobierno, obviamente, pero también la propia Iglesia católica, una salida de ambas partes para que los restos de Franco estén en un lugar en condiciones de dignidad pero en ningún lugar donde puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje».

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