El Gobierno acepta debatir sobre la Carta Magna si hay acuerdo «de salida y de llegada»

El Gobierno de Mariano Rajoy no se cierra a una reforma de la Constitución. Nunca ha sido uno de los asuntos preferidos del jefe del Ejecutivo, ni ha estado en su agenda ni en su programa, pero en este momento no tiene la fuerza parlamentaria suficiente como para frenar el debate, así que está dispuesto a participar en él.

Rajoy no ve la Constitución como un objeto petrificado. De hecho, él participó activamente en la segunda (y hasta ahora última) revisión de la Carta Magna, en agosto de 2011, cuando acordó con el PSOE en tiempo récord la modificación del artículo 135 para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria. En aquella ocasión, como recuerdan en La Moncloa, se sabía cuál era el objeto de la reforma y el alcance que se le quería dar, y el consenso estaba asegurado (votaron a favor 316 de los 321 diputados presentes).

Y eso es precisamente lo que exige ahora el Gobierno para abrir el melón constitucional: que se sepa qué asuntos se quieren reformar, cuál es el objetivo y garantizar que exista consenso «de salida y de llegada», para evitar el riesgo de acometer una reforma que se cierre en falso, lo que sí que sería dañino. A partir de ahí, Rajoy mantiene sus líneas rojas de entrada: son intocables la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles.

Dispuesto a escuchar

El Gobierno no ha planteado ninguna propuesta concreta, pero está dispuesto a escuchar las que hagan los demás, y debatirlas. Ve bien la creación de una subcomisión de estudio en el Congreso, o de un órgano similar para analizar la reforma, pero cree que debe ser una iniciativa conjunta y no unilateral. Por eso, prefiere esperar a que se clarifiquen las prioridades inmediatas, como la aprobación de los Presupuestos, que daría estabilidad al menos a la primera parte de la legislatura. Pero también considera que debe aguardarse a que se celebre el congreso federal del PSOE, para que este resuelva sus problemas internos y se compruebe «qué partido sale de ahí».

Rajoy rechaza el «modelo federal» del PSOE, y la semana pasada en la Comisión Constitucional la vicepresidenta inquirió al portavoz socialista, Gregorio Cámara, por el concepto «federal», muy confuso en la propuesta socialista. El Gobierno sigue viendo con enorme recelo un término que tiene connotaciones contrarias a la unidad de la nación, y que puede dar alas a los independentistas. Pero, a partir de ahí, existen puntos en los que es posible el debate y el acuerdo, y que ya estaban contenidos en la Declaración de Granada del PSOE de 2013, y que pasan por incorporar el mapa autonómico, clarificar y delimitar las competencias, reformar el Senado, incluir los hechos diferenciales, establecer los principios del sistema de financiación o crear mecanismos de cooperación institucional.

Desde La Moncloa se insiste en que la reforma no puede tener ningún apellido: tiene que ser la de todos, con un documento conjunto e impulsado por una gran mayoría. De ahí su interés en que exista esos consensos «de entrada y de salida»: una propuesta inicial impulsada por los principales grupos y una solución de llegada respaldada con un amplio consenso.