Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo, de la vista general de la sala durante la sesión
Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo, de la vista general de la sala durante la sesión - EFE

La Fiscalía mantendrá la rebelión y las penas para los doce acusados

Considera que durante el juicio ha quedado acreditada la violencia física, la intimidación y las vías de hecho que desembocaron en la DUI

Nati Villanueva
MadridActualizado:

A apenas cuatro sesiones antes de que el juicio del «procés» quede visto para sentencia –está previsto que concluya la segunda semana de junio–, la Fiscalía tiene claro que mantendrá la acusación por rebelión y su petición inicial de penas para los doce líderes independentistas a los que el Tribunal Supremo juzga desde el 12 de febrero. Entre ellos está el diputado nacional y eurodiputado electo Oriol Junqueras, quien se enfrenta a la mayor petición como dirigente de esa rebelión: 25 años de cárcel. Cualquier condena que lleve aparejada su inhabilitación le dejaría fuera de juego en la vida política. Lo mismo sucedería con los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Joaquim Forn, este último elegido concejal el 26-M.

Aunque no será hasta la próxima semana cuando las acusaciones expongan oralmente sus respectivos informes –una vez finalizada la fase documental del juicio–, antes deben comunicar al tribunal si modifican sus conclusiones provisionales o si las elevan a definitivas. Según ha podido saber ABC de fuentes del Ministerio Público, los fiscales comunicarán a la Sala que mantienen su escrito de acusación en los mismos términos que el que presentaron el pasado mes de noviembre.

Para la Fiscalía, la declaración de los acusados, el desfile de medio centenar de testigos y la abundante prueba documental que se está viendo en el juicio –ayer se exhibieron vídeos del 1-O y del 20-S, momentos clave del «procés»– han conseguido acreditar que la violencia que tuvo lugar por el plan secesionista ilegal fue suficiente para obligar al Estado a aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el grave atentado contra el interés general de España, lo que supuso tomar las riendas de la comunidad autónoma hasta la celebración de elecciones.

La actuación de los líderes secesionistas acusados de rebelión (y malversación) incluyó la tramitación de una arquitectura normativa ilegal, la celebración de un referéndum ilegal, y la declaración unilateral de independencia, contraviniendo todas las resoluciones que dictó el Tribunal Constitucional.

Según las fuentes citadas, los cuatro fiscales del caso sostendrán en su informe que el «procés» fue una rebelión con violencia, en un triple plano: hubo violencia física, hubo intimidación, y hubo «colosales» vías de hecho, como la actuación del Parlamento autonómico, que se transformó de forma ilegal en una Cámara soberana con la total «entrega» a la causa de su presidenta, Carme Forcadell, a quien los fiscales atribuyen un papel de dirigente en esa rebelión junto a los líderes de las asociaciones civiles ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. En su escrito de acusación, la Fiscalía ya calificó el «procés» como un levantamiento «salpicado de fuerza y violencia».

El desarrollo de la vista ha permitido al Ministerio Público precisar y apuntalar varios extremos del relato de hechos de su informe, que «afinará» con el resultado de alguna prueba que, por razones obvias, no incluyó entonces en su escrito de acusación.

«El Séptimo de Caballería»

Una declaración decisiva para la Fiscalía fue la del jefe de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, quien reconoció que algunos militantes atacaron a los policías autonómicos el 20 de septiembre, durante el registro en la Consejería de Economía, al confundirles con guardias civiles. Fue este agente el que admitió también que no pudieron entrar en el edificio porque se lo impidió la cantidad de gente allí concentrada. «Ni con el Séptimo de Caballería habríamos podido llegar (a la puerta)», confesó el policía, quien también retrató el rol protagonista en aquella jornada de Sànchez. «Largaos de aquí, esto que estáis haciendo no es lo que hemos acordado», le espetó el presidente de la ANC al jefe de los Mossos, tras decir que iba a llamar al «consejero (de Interior, Joaquim Forn), y al president (Carles Puigdemont).

Para la acusación pública, la participación de los exgobernantes catalanes en el plan rebelde ha quedado reforzada tras el testimonio de numerosos votantes del 1-O, quienes han confesado en el juicio que acudieron a los colegios con la tranquilidad de que no hacían nada malo si todo partía del Govern, que llamó a la votación y «a defender las urnas». También considera fundamental que los dirigentes de los Mossos advirtieran a los políticos secesionistas de que si seguían adelante con el referéndum habría violencia en las calles, como así sucedió. Ese aviso supone que asumían los previsibles enfrentamientos.

A juicio de la Fiscalía, el llamar a la resistencia «pacífica» no quiere decir que lo fuera. Lejos de ello, lo que hubo el 1-O fue un «ambiente insurreccional» en el que la actuación de los ciudadanos que se agolparon en los colegios electorales desde horas antes de su apertura fue organizada y tenía como objetivo impedir la actuación policial. Las Fuerzas de Seguridad, recuerdan esas fuentes, cumplían un mandato judicial de una magistrada de Tribunal Superior de Cataluña, que era la retirada de las urnas de un referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

De igual forma, los fiscales también mantendrán la acusación por malversación, al considerar que ha quedado plenamente acreditada tras la declaración de las peritos de Hacienda. A pesar de que las defensas han intentado en todo momento diferenciar el gasto real del comprometido, las expertas dejaron claro que «el gasto se considera realizado en el momento de la prestación del servicio» y que el perjuicio al erario público se produce desde ese momento, «esté o no pagado». Ellas cuantificaron la malversación en 917.648 euros, pero sin contar con el millón de euros de material del referéndum encargado a Unipost del que no hay facturas. Se acerca la hora de la verdad y la Fiscalía lo tiene claro.