El fiscal investiga ya el ataque «coordinado» a los juzgados catalanes

La Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto ante los ataques con excrementos a los juzgados catalanes de radicales independentistas. El fiscal superior catalán, Francisco Bañere s , reclamó ayer al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra elaborar un informe con todas las diligencias practicadas sobre los incidentes que afectaron a una veintena de edificios judiciales. Además de heces y basura vertida sobre las fachada s, aparecieron pintadas con lemas como «mierda de justicia» o «la justicia española huele a mierda fascista». La misma sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, en Barcelona, había sido atacada tres días antes con pintura. Los Mossos abrieron el lunes una investigación sobre estos sabotajes reivindicados por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), con lo que ahora el ministerio público quiere saber qué gestiones se han realizado hasta la fecha para identificar a los autores.

Bañeres ordenó ayer estas diligencias tras recibir el acta que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) elaboró tras su reunión del martes. Según el TSJC, estos actos vandálicos perturbaron el funcionamiento de varios de los edificios judiciales, hasta tener que cerrar al público dos de ellos: el de Valls (Tarragona) y el de Cervera (Lérida). El ministerio público pide ahora además que la Sala de Gobierno concrete qué alteraciones sufrió el funcionamiento de las sede s judiciales afectadas, y también si «como consecuencia del hedor provocado por los vertidos se produjeron ausencias del personal funcionario y la duración de estas», dice literalmente en su resolución.

No solo las acciones de los CDR indignaron al Poder Judicial -tanto asociaciones de jueces como de fiscales reaccionaron inmediatamente con comunicados de condena- sino también sentó mal el silencio de la Consejería de Justicia ante estos altercados. Así lo hizo constar también la Sala de Gobierno del TSJC en esa resolución del martes, pues este departamento de la Generalitat es responsable de las condiciones laborales de los funcionarios judiciales, cuya salud, según ellos, puso en riesgo los ataques.

Preguntadas por ABC, fuentes de la Consejería han asegurado que el Govern «nunca ha aprobado este tipo de acciones», y que son partidarios de que cualquier las protestas no afectan a un servicio público como es el judicial. Recuerdan que la Generalitat es quien asume el coste de la limpieza en estos casos y que se ordenó retirarlas inmediatamente. El fiscal quiere que la Consejería le informe cuánto costó limpiar y reparar los desperfectos.

Por otra parte, tal y como se detalla en la información adjunta, en el acta de aquella reunión el TSJC también exigió a los Mossos que, a partir de ahora, comiencen una vigilancia permanente en todos los juzgados catalanes. La Policía catalana acató la orden de forma inmediata pero desde los sindicatos de mossos ven desproporcionada esta medida, teniendo en cuenta su falta de efectivos. Consideran «una irresponsabilidad y un despropósito» ordenar a los agentes un servicio fijo y permanente de 24 horas en todos los juzgados: «Somos los que somos y no nos podemos multiplicar».