Cifuentes se desmarca de la supuesta caja B del PP de Madrid
Defiende que su labor siempre fue política, no contable
Cristina Cifuentes se ha desmarcado de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, una práctica investigada por la Audiencia Nacional. La expresidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018 ha negado todos los hechos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción, que implican a Cifuentes en algunas de las supuestas vías para nutrir la caja B.
En una declaración de más de tres horas, Cifuentes ha asegurado que sus competencias en el partido nunca tuvieron que ver con los aspectos contables . La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido que su labor siempre se enmarco en la «acción política», informaron fuentes jurídicas presentes en la sala. Tampoco sabe nada, ha dicho, de las reuniones con los supuestos empresarios que donaban dinero al partido, a espaldas de la ley, a cambio de adjudicaciones.
La expresidenta de Madrid –caída en desgracia tras el caso de su máster y el vídeo de las cremas– ha comparecido como imputada ante el juez Manuel García-Castellón , el magistrado que dirige la investigación de la Púnica.
La imputación de Cifuentes se debe a las sospechas de que participó en el desvío de fondos públicos para sufragar gastos particulares del PP de Madrid y gastos electorales, «que se ocultaron a la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas» en las elecciones autonómicas del 2007 y 2011, y las generales del 2008, las campañas cuestionadas por la Audiencia Nacional.
A Cifuentes también la implican en una supuesta adjudicación irregular al empresario Arturo Fernández , adjudicatario de los contratos de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011, «que gratificarían las aportaciones dinerarias que efectuó dicho empresario a la Fundación Fundescam para el pago subrepticio de gastos electorales». Cifuentes habría formado parte del comité de expertos que valoraron de forma «arbitraria» las ofertas y era además la presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea que avaló la adjudicación.
La expresidenta –cuyas primeras explicaciones se han escuchado en la sala de prensa por un fallo técnico, a pesar de ser a puerta cerrada– ha defendido que la contratación con la firma de Fernández fue legal. Y ha añadido que numerosas instituciones, desde la Moncloza a Zarzuela o el Congreso de los Diputados, contrataron los mismos servicios de cafetería. Sobre una reunión con el empresario Juan Miguel Madoz Echevarria, sospechoso de facilitar facturas falsas al partido, ha asegurado que Isabel Gallegó le ha involucrado en ese encuentro por «animadversión».
Al finalizar la declaración, Cifuentes se ha parado ante los periodistas para asegurar que su única contribución a la trama Púnica fue la personación de la Comunidad de Madrid como parte acusadora .
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