La empresa pública Acuamed pagó más de 18 millones en publicidad en dos años

En ese momento no estaban construidas las desaladoras aprobadas en 2004

Registro en la sede de Acuamed
Marisa Gallero

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ABC ha tenido acceso a una relación de 56 adjudicaciones de publicidad que realizó Acuamed durante los años 2007 y 2008 donde están incluidos dos de los contratos investigados por el juzgado de Instrucción 21 de Valencia por la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista durante las elecciones municipales y autonómicas del 2007. Crespo Gomar, una especie de Gürtel socialista que camuflaba gastos electorales a través de facturas falsas , obtuvo un contrato por 236.292 euros y Silvia García SL, una agencia de su órbita, por 68.440 euros con la empresa pública dependiente del ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE.

Acuamed justificó en sus cuentas anuales aprobadas en el Consejo de Administración el expendio de 7.447.599 euros en 2007 y de 3.833.061 euros en 2008 para «dar a conocer el Programa AGUA». A estos 11.280.660 millones de euros se les sumaría otros 7.148.284 euros de las dos fases publicitarias de la desalinización que recoge un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para la Fiscalía Anticorrupción con fecha de 5 de octubre de 2016. Las adjudicatarias de desaladoras habrían contribuido con el pago del 1% del contrato de obra «a modo de colaboración» por un total de 5.854.884 a finales de 2007 y 1.293.4000 euros en enero de 2008. Además de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en 2008 se celebraron las generales.

Así, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero utilizó a la sociedad estatal para gastar 18.428.944 euros en «publicidad, propaganda y relaciones públicas». Una campaña «excepcional por la situación de conflicto entre administraciones» usando fondos públicos cuyo objetivo era «informar a la población española sobre la calidad y utilidad del agua desalada» cuando ninguna de las desaladoras aprobadas por real decreto con «carácter de urgencia» en 2004 estaban construidas. Tan sólo estaban en funcionamiento dos plantas anteriores de Málaga y otra en Carboneras (Almería) que se licitó durante la etapa de Isabel Tocino en el Ministerio de Medio Ambiente y figuraba en el programa del Partido Popular de José María Aznar.

Beneficiadas

Entre las empresas beneficiadas estarían por facturación: En suma Congresos con 5 contratos por un valor de 1.694.876 euros, cuya actividad como sociedad limitada está actualmente extinguida; la compañía andaluza Plataforma de Publicidad con 6 contratos por 1.203.191 euros; la consultora Llorente & Cuenca, 4 contratos por 773.080 euros; Paralelo 37 Publicidad Málaga, que no dispone ni de página web, 5 contratos por 731.786 euros; uno para la empresa murciana Portavoz Comunicaciones Integradas en 2008 por 512.031 euros y tres para la extinguida Pleno Impacto por 324.104 euros.

En un «Informe de Publicidad y comunicación Institucional 2007» que destaca la UCO cuando buscaba datos «que pudiera reunir las características del asunto investigado» figuran algunos de estos contratos repartidos entre distintas empresas. Es el caso de Estudios Andro, por 163.560 euros, para el «apoyo a la edición de microespacios informativos sobre actuaciones del Programa AGUA en la comunidad Valenciana y Murcia”» Y para la compra de medios, entre otras, La Antesala, con un contrato por 176.793 euros; Tu Voz Servicios de Comunicación Integral Castellón, por 104.240 euros y la Agencia de Comunicaciones Dobleessa, por 179.693 euros.

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