Detienen a los padres de un cargo local del PP de Palma por presunta corrupción

La Policía Nacional ha detenido este martes al hermano y a los padres del diputado autonómico y concejal del Ayuntamiento de Palma Álvaro Gijón, del PP, en el marco del denominado caso Sancus, en el que se investigan presuntas irregularidades en la última adjudicación del servicio de la ORA, que controla el aparcamiento regulado en la capital balear. Los familiares de Gijón han sido arrestados como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. Poco después de conocerse las mencionadas detenciones, Gijón se ha dado de baja como militante del Partido Popular. La dirección regional ha anunciado esta tarde que pide a Gijón que además entregue sus actas de diputado y de regidor.

La citada adjudicación del servicio de la ORA se produjo en el pasado mandato, en concreto en 2013, por parte del consistorio palmesano.

En aquella época, el alcalde de la ciudad era el popular Mateo Isern, mientras que Gijón era el teniente de alcalde de Turismo. Tras los comicios municipales de 2015, la capital pasó a estar gobernada por un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Som Palma, que era la marca blanca de Podemos. Gijón es ahora, por tanto, concejal de la oposición.

Cabe recordar que el caso Sancus fue puesto en marcha por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en octubre del pasado año, con la detención de 13 personas y el ingreso en prisión preventiva de dos de ellas, en concreto, el entonces jefe del departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Miquel Femenía, y el empresario Antoni Roig. Ambos quedaron en libertad en noviembre, tras haber abonado sendas fianzas de 120.000 euros. Los investigadores querían descubrir si se habría podido producir un presunto desvío de fondos públicos en este caso, ya que la gestión del servicio de la ORA fue otorgada hace cuatro años a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que presentó la oferta más cara.

En octubre no fueron detenidos, en cambio, ni Gijón ni ningún familiar suyo. El edil desmintió además entonces, de manera taxativa, las afirmaciones de un testigo protegido, quien en declaraciones al canal autonómico IB3 explicó que escuchó en la sede del PP balear que el propio concejal y quien hace cuatro años era el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, habrían recibido un total de 1,5 millones de euros de comisión, además del regalo de un piso. Rodríguez también negó la posible veracidad de ese testimonio. Hasta ahora, la Policía no ha localizado ni el citado inmueble ni el dinero presuntamente cobrado por ambos políticos.

Presunto blanqueo de dinero

Las detenciones llevadas a cabo este martes están relacionadas con la sospecha de que, presuntamente, los familiares de Gijón le habrían ayudado a blanquear el dinero de las supuestas comisiones recibidas. En principio, los padres y el hermano de Gijón pasarán mañana miércoles a disposición judicial. Por lo que respecta al propio edil y también diputado autonómico, esta mañana no ha asistido al pleno celebrado en la Cámara regional. En ese contexto, ni el presidente del PP balear, Biel Company, ni la portavoz popular, Margalida Prohens, han hecho valoraciones sobre los citados arrestos. Hasta ahora, el PP había estado defendiendo que Gijón no estaba incumpliendo el código ético del partido y que, por tanto, no estaba obligado a dimitir.

Por su parte, los portavoces parlamentarios del actual tripartito han solicitado hoy la dimisión del político popular. El portavoz del PSOE, Andreu Alcover, ha señalado, además, que «clama al cielo la callada por respuesta del señor Company» sobre este asunto. Seguidamente, el representante de MÉS, David Abril, ha indicado que «la gravedad de los hechos investigados no hay código ético que la aguante». Finalmente, la portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha recalcado que la «sombra de la corrupción» sobre Gijón «no puede ser más amplia ni más alargada».

La dirección regional de los populares isleños se ha pronunciado finalmente esta tarde sobre Gijón. El presidente del PP balear ha comparecido en rueda de prensa para confirmar, como ya se ha señalado, que este mediodía Gijón se ha dado de baja como militante del partido. Company ha indicado que, en cualquier caso, se pedirá también a Gijón que entregue además sus actas de diputado y de concejal. Hasta que esa circunstancia se dé, Gijón formará parte del Grupo Mixto en el Parlamento balear y será un concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Palma.

Company ha explicado que la dirección del partido ha seguido «con preocupación» los hechos que se iban sucediendo, que han acabado con la solicitud voluntaria de baja como afiliado por parte de Gijón. «Desde el PP respetaremos, como siempre, las actuaciones judiciales, así como la presunción de inocencia», ha recalcado Company, para añadir: «El señor Gijón nos ha transmitido en todo momento que tanto él como su familia son inocentes de los hechos de los que se les acusa». En ese contexto, la baja de Gijón se debería a que «no quiere perjudicar la imagen del Partido Popular».

Bajo secreto de sumario

El caso Sancus, que está bajo secreto de sumario, se está instruyendo como una pieza separada de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma, que también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá. Formarían igualmente parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos Tolo Cursach, considerado el «rey» del negocio del ocio nocturno en Baleares.

Precisamente, otra derivación de la citada macrocausa judicial es el denominado caso Cursach, asimismo en fase de instrucción, en el que se investiga una presunta trama de corrupción política, policial y empresarial. Los dos cargos políticos locales del PP citados, Rodríguez y Gijón, han sido implicados también en este proceso, en concreto por una testigo protegida. La mujer declaró en su momento ante el juez y el fiscal del caso que ambos políticos habrían participado en fiestas promovidas por Cursach en las que había prostitutas y en las que además también se consumían drogas. La testigo ratificó el pasado 16 de junio, en sede judicial, su declaración inicial. Por su parte, Gijón y Rodríguez desmintieron de manera rotunda dichas acusaciones, mientras que sus abogados detectaron presuntas incongruencias en el testimonio de la mujer.

En principio, está previsto que Gijón comparezca mañana miércoles ante el juez por el caso Sancus. Gijón ya declaró en relación a esta causa el pasado mes de marzo, en calidad de investigado, equivalente a imputado. La comparecencia se produjo a petición propia. El magistrado le atribuía entonces a Gijón los delitos de cohecho, uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude a la Administración. Durante aquella declaración, Gijón negó haber recibido ningún tipo de comisión o haber participado en los trámites para la adjudicación del servicio de la ORA.

La primera vez que Gijón compareció ante el juez en calidad de investigado fue en septiembre del pasado año, para declarar en el marco de la macrocausa originaria que dirigen el juez Penalva y el fiscal Subirán. Durante su declaración, Gijón negó entonces cualquier posible vinculación con la presunta trama de corrupción que se está investigando desde hace casi cinco años