Una testigo ratifica que dos cargos locales del PP de Palma asistían a fiestas de sexo y drogas

Una testigo protegida del denominado caso Cursach ha ratificado este viernes ante el juez instructor de la causa, Manuel Penalva, y ante el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán lo que había declarado ya en su momento a ambos, en concreto, que dos altos cargos locales del PP habrían participado en fiestas promovidas por el empresario Tolo Cursach en las que había prostitutas y en las que además también se consumían drogas. Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga una presunta trama de corrupción política y policial. Los abogados defensores de todas las personas que hasta ahora han sido implicadas en esta causa han estado presentes durante la declaración de la testigo.

Según el testimonio de dicha mujer, que en el pasado ejerció la prostitución, el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el actual concejal palmesano y diputado autonómico popular Álvaro Gijón serían los dos cargos locales que habrían participado en dichas orgías.

En el caso de Rodríguez, habría participado en las fiestas que supuestamente organizaba Cursach en su propia finca y además habría ido con regularidad a un prostíbulo ubicado en Palma. A ese local habría acudido también Gijón en diversas ocasiones. Según la testigo, ninguno de los dos políticos habría pagado nunca por los mencionados servicios sexuales, pero en cambio sí habrían aportado las drogas.

El contenido de la primera declaración que la mujer hizo en su momento ante el juez y el fiscal había trascendido el pasado martes, a raíz de haber decretado el magistrado el levantamiento parcial del secreto del sumario. En la comparecencia de este viernes, la testigo ha ratificado asimismo que, supuestamente, policías locales de Palma habrían participado en fiestas con prostitutas y drogas en la discoteca Tito's, propiedad del Grupo Cursach.

El pasado martes, Gijón negó de manera rotunda su implicación en cualquier posible acto delictivo. «Es imposible que la testigo pueda demostrar nada de lo que se dice, sencillamente porque no ha ocurrido nunca», afirmó. «Si mezclas el cóctel prostitución, drogas, políticos, orgías y demás, tienes el cóctel perfecto para el escándalo monumental», lamentó, al mismo tiempo que dijo que no pensaba dimitir.

Por su parte, Rodríguez se remitió a lo que dijo ya meses atrás, en el sentido de que nunca habría solicitado a lo largo de su vida servicios de prostitución. En cualquier caso, Rodríguez había sido obligado a dimitir como presidente del PP de Palma en julio del pasado año, por la dirección nacional del partido, después de que hubiera trascendido que se le vinculaba a la citada trama de corrupción política y policial. Por lo que respecta a Gijón, la dirección regional del PP está a la espera de saber si será o no finalmente imputado, por lo que de momento no le ha pedido la renuncia de sus actuales cargos.

Según consta en la parte del sumario del caso Cursach que esta semana se ha hecho pública, varias mujeres que trabajaban en el mencionado prostíbulo le habrían comentado a la testigo que Rodríguez tenía «gustos extraños y peligrosos». La mujer también habría visto en diversas ocasiones al entonces dirigente local del PP «en un estado lamentable y totalmente pasado de cocaína y alcohol».

En cuanto a Gijón, siempre según la declaración de la testigo, supuestamente se desplazaba al mencionado prostíbulo «en coche oficial». En relación a este último punto, el pasado miércoles tuvo lugar un careo en sede judicial entre el chófer de Gijón, que negó que acompañase al edil a burdeles, y la mujer, que se ratificó en su versión inicial.

Por otra parte, la testigo presentó esta semana una denuncia ante el Juzgado por la agresión que sufrió el pasado fin de semana, en el portal de su casa, por parte de dos desconocidos. La mujer cree que la citada paliza supone un nuevo paso en el marco de las amenazas que ha recibido desde que empezó a hacer acusaciones dirigidas al entorno de Cursach.

Por lo que respecta a la declaración hecha este viernes, que se ha prolongado por espacio de varias horas, los investigadores han vuelto a dar una absoluta credibilidad a las afirmaciones hechas por la testigo. La mujer no sólo ha corroborado lo que ya explicó en su primera comparecencia, sino que ha desvelado que Rodríguez habría llegado a acumular cuentas de más de 20.000 euros diarios en servicios de prostitución, que supuestamente eran abonados por Cursach.

Varios de los abogados que han estado presentes en la declaración han considerado, en cambio, que la mujer habría incurrido en diversas contradicciones, que desacreditarían su testimonio. Asimismo, han criticado que no haya aportado pruebas materiales para apoyar sus afirmaciones o que no haya querido facilitar los nombres de las prostitutas que presenciaron las citadas fiestas sexuales.

El denominado caso Cursach, que se encuentra aún en fase de instrucción, es una derivación de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma, que también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá. Formarían igualmente parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos Tolo Cursach, considerado el «rey» del negocio del ocio nocturno en Baleares. Según el fiscal, Cursach habría contado durante años con la «protección» de la Policía Local, de diversos cargos políticos y de funcionarios de Palma y Calviá.

Cabe recordar que el citado empresario fue detenido por la Policía el pasado 28 de febrero, en Palma, junto con dos de sus principales colaboradores. Tres días después, el 3 de marzo, el juez decretó prisión provisional sin fianza para Cursach. Con posterioridad, el lunes de la pasada semana, fue trasladado a una cárcel de Valencia. En el auto en el que el magistrado decretó el ingreso en prisión de Cursach, se le atribuían al empresario hasta un total de 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.