Implican a dos cargos locales del PP de Palma en fiestas con prostitutas y drogas

Una testigo del denominado caso Cursach afirmó meses atrás ante el juez instructor de la causa, Manuel Penalva, y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, que dos altos cargos locales del PP habrían participado en fiestas promovidas por el empresario Tolo Cursach en las que había prostitutas y en las que además también se consumían drogas. El citado testimonio ha trascendido este martes, después de que el juez haya decretado un levantamiento parcial del secreto de sumario de este caso.

La mujer citó expresamente al hoy expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y al actual concejal palmesano y diputado autonómico popular Álvaro Gijón como dos de las personas que habrían participado en dichas orgías. En el caso de Rodríguez, habría participado en las fiestas que supuestamente organizaba Cursach en su propia finca y habría acudido con regularidad a un prostíbulo ubicado en Palma.

A ese local habría acudido también Gijón en diversas ocasiones.

Gijón ha negado esta mañana de manera rotunda ante los medios las citadas acusaciones. «Es imposible que la testigo pueda demostrar nada de lo que se dice, sencillamente porque no ha ocurrido nunca», ha afirmado. «Si mezclas el cóctel prostitución, drogas, políticos, orgías y demás, tienes el cóctel perfecto para el escándalo monumental», ha lamentado, al mismo tiempo que ha dicho que no piensa dimitir. Gijón estaría dispuesto a hacerse pruebas de toxicología para demostrar que no habría consumido drogas. Por su parte, Rodríguez se ha remitido a lo que dijo ya meses atrás, en el sentido de que nunca habría solicitado a lo largo de su vida servicios de prostitución.

Los testimonios de Gijón y de Rodríguez contradicen los de la citada testigo, que en el pasado se dedicó a la prostitución. Según consta en la parte del sumario que ahora se ha hecho pública, varias mujeres que trabajaban en el citado prostíbulo le habrían comentado a la testigo que Rodríguez tenía «gustos extraños y peligrosos». La mujer también habría visto en diversas ocasiones al entonces dirigente local del PP «en un estado lamentable y totalmente pasado de cocaína y alcohol». En cuanto a Gijón, siempre según la declaración de la testigo, se habría ido alguna vez del mencionado prostíbulo «en coche oficial». Supuestamente, ninguno de los dos políticos habría pagado nunca por dichos servicios sexuales, pero en cambio sí habrían aportado las drogas.

El caso Cursach es una derivación de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma, que también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá. Formarían igualmente parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos Tolo Cursach, considerado el «rey» del negocio del ocio nocturno en Baleares. Rodríguez fue obligado a dimitir como presidente del PP de Palma en julio del pasado año, por la dirección nacional del partido, después de que hubiera trascendido que el juez le vinculaba a la citada trama.

Por lo que respecta a Cursach, cabe recordar que fue detenido por la Policía el pasado 28 de febrero, en Palma, junto con dos de sus principales colaboradores, Bartomeu Sbert y Antoni Bergas. Tres días después, el 3 de marzo, el juez decretó prisión provisional sin fianza para Cursach. Sbert ingresó también en la cárcel, mientras que Bergas quedó en libertad con cargos. El lunes de la pasada semana Cursach fue trasladado a una cárcel de Valencia.

En el auto en el que el magistrado decretó el ingreso en prisión de Cursach, se le atribuían al empresario hasta un total de 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

Según el fiscal, Cursach habría contado durante años con la supuesta «protección» de la Policía Local, de diversos cargos políticos y de funcionarios municipales. Esa sería la razón por la que sus locales no solían ser inspeccionados. Por contra, las empresas competidoras de Cursach eran controladas muy a menudo por la Policía o multadas de manera muy severa, lo que en ocasiones provocó el cierre de varios de dichos negocios.