El expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, en una imagen de archivo
El expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, en una imagen de archivo - EFE

El expresidente del PP de Palma se desvincula de la trama de corrupción en la Policía Local

El juez ha dictado un auto en el que prohíbe a José María Rodríguez acercarse a varios departamentos del Ayuntamiento de Palma

Palma de Mallorca Actualizado: Guardar
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El expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, ha negado este viernes ante el juez cualquier posible vinculación con la presunta trama de corrupción existente en la Policía Local de la capital isleña. El antiguo dirigente popular ha declarado en calidad de investigado —equivalente a imputado— ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán ha pedido al juez una orden de alejamiento para Rodríguez que le impida acercarse a la sede del Ayuntamiento de Palma. Subirán también ha pedido la imputación del actual diputado autonómico y concejal popular Álvaro Gijón. Cabe recordar que el expresidente local del PP dimitió de su cargo el pasado 4 de julio, días antes de ser imputado, tras ser obligado a ello por la dirección nacional del partido.

Tras la petición de Subirán, el juez ha dictado este viernes un auto en el que ha decretado varias medidas cautelares para Rodríguez. Así, le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de los departamentos de Actividades, Urbanismo y Policía Local del Ayuntamiento de Palma durante la instrucción de la causa. Asimismo, se le impide a Rodríguez acercarse o comunicarse con cuatro personas, en concreto, tres testigos y un imputado vinculados a este proceso.

El citado auto también señala que en caso de que Rodríguez incumpliera tales prohibiciones, sería encausado como autor de un presunto delito contra la Administración de Justicia. Dicha resolución no es firme, por lo que puede presentarse contra ella un recurso de reforma ante el juez o un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma.

Para el juez, según consta en el sumario, Rodríguez sería el «artífice en la sombra» de dicha trama de corrupción, que incluiría la manipulación de unas oposiciones en la jefatura del cuerpo policial y también la recurrente extorsión a locales de ocio ubicados en la denominada Playa de Palma. Según Penalva, existiría una «estructura corrupta» en la Policía Local al servicio de «determinados políticos» de la formación popular.

En el transcurso de esta investigación judicial, que aún sigue abierta, un testigo protegido afirmó que Rodríguez habría cobrado comisiones ilegales y espiado a rivales políticos en la legislatura 2011-2015. El citado testigo, que solicitó protección por temor a posibles represalias, explicó al juez que conocía de «primera mano» que diversos empresarios de la Playa de Palma se habrían visto obligados a hacer regalos al entonces líder local del PP, «como joyas, relojes y dinero». Según dicho testigo, Rodríguez también habría cobrado comisiones ilegales —de hasta 3.000 euros— por intervenir en la concesión de licencias de actividades.

Supuesto espionaje

Por lo que se refiere al supuesto espionaje a otros políticos y también a policías, ese mismo testigo afirmó ante el instructor que Rodríguez se habría servido de agentes presuntamente vinculados con la trama corrupta y también de detectives para hacer seguimientos y también «pinchazos» telefónicos. En ese sentido, el juez Penalva cree que Rodríguez incluso habría intentado situar a un agente corrupto en el servicio de escoltas para vigilar al anterior alcalde, que era el popular Mateo Isern.

Cabe recordar que las investigaciones iniciadas por Penalva y por Subirán en 2013 se centraron, originariamente, en el presunto amaño de unas oposiciones convocadas en 2012 para poder acceder al grado de inspector de la Policía Local de Palma. Las pesquisas derivaron en 2015 hacia la investigación de presuntas irregularidades en la actuación de la Patrulla Verde, que es la unidad que se encarga del control de los locales de ocio nocturno.

Según el testimonio de varios testigos protegidos, los agentes presuntamente implicados en esta segunda vertiente de la trama se ponían en contacto con propietarios de diversos clubs de la Playa de Palma para avisarles con antelación de futuros registros e inspecciones. Los citados agentes, a cambio, obtenían dinero, consumiciones de alcohol gratuitas o mantenían relaciones con prostitutas a cargo del propietario del local.

Por lo que respecta a los dueños de los establecimientos que no querían colaborar con la trama, habrían sido extorsionados por algunos de los agentes implicados. Finalmente, en junio del pasado año fue detenido el entonces jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres. Desde entonces, se sucedieron los arrestos de agentes, que en algunos casos derivaron en su ingreso en prisión.

Suspensión de empleo y sueldo

En este contexto, cabe recordar que el pasado martes el Ayuntamiento de Palma suspendió de empleo y sueldo de manera indefinida a los exjefes de la Policía Local Joan Miquel Mut y Antoni Morey, quienes tenían la intención de reincorporarse al trabajo después de haber cumplido los seis meses de suspensión que les había impuesto el equipo de gobierno municipal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Calviá, que dirige el socialista Alfonso Rodríguez, acordó también el pasado martes suspender provisionalmente de sus funciones al jefe de la Policía Local de dicho municipio, José Antonio Navarro, quien hasta hace unos días se encontraba en situación de baja médica, por lo que no se le podía imponer ninguna medida cautelar. En este caso, la decisión del consistorio ha sido tomada en relación a otra trama de presunta corrupción policial que sólo afecta al citado municipio.

El juez Penalva ya había dictado el pasado lunes sendos autos en los que decretaba que Mut y Morey no podrían acercarse a menos de 300 metros del cuartel central de San Fernando ni tampoco de otras dependencias policiales. Las órdenes de alejamiento para ambos policías también incluían las oficinas de la Concejalía de Seguridad Ciudadana de la capital balear. Con esa medida, el juez pretendía evitar la posibilidad de que Mut o Morey —ambos imputatos— pudieran manipular o destruir posibles pruebas. El magistrado también había dictado ese mismo lunes otro auto en el mismo sentido para Navarro sólo en relación a las dependencias municipales de Calviá.

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