El desafío de garantizar el sistema público de pensiones

El gasto en pensiones crece de forma inexorable. El goteo de pensionistas es constante y sus prestaciones son cada vez más elevadas -rozan los 900 euros de media-, lo que hace un poco más complicado en cada ejercicio hacer frente a su abultada factura, la más elevada de los presupuestos -135.449 millones en 2016-. La «hucha de las pensiones» se ha convertido en el «salvavidas» al que se está agarrando el Gobierno desde 2012, uno de los peores años de la crisis, para hacer frente a los pagos de julio y diciembre, cuando se producen tensiones de tesorería por el pago de las extras de Navidad y verano.

La caja de la Seguridad Social está en números rojos y las previsiones no invitan a pensar lo contrario, teniendo en cuenta que los trabajadores que contribuyen al sistema lo hacen con sueldos más bajos por la parcialidad de sus contratos y los ajustes de la crisis.

El déficit del sistema estimado para final de año rondará los 6.000 millones. Y ello pese a la mejoría del empleo, que crece por encima del 3,1% anual, lo que ha hecho que el número de afiliados supere los 18 millones.

Mantener el sistema público, en el que los trabajadores actuales pagan con sus rentas la pensión a los jubilados del momento, es uno de los mayores desafíos para el nuevo gobierno que salga de las urnas, teniendo en cuenta, además, la amenaza que supone para el sistema la baja natalidad y, sobre todo, el progresivo envejecimiento de la población. Hoy, por cada cien personas en edad de trabajar hay 27,6 mayores de 64 años; en 2050 habrá casi 73.

Las reformas emprendidas en 2010 por José Luis Rodríguez Zapatero y en 2013 por Mariano Rajoy están intentando sostener un modelo que soporta el pago de más de 9,4 millones de pensiones con un coste mensual que va camino de los 9.000 millones. La medida estrella de la norma en vigor es la aplicación del factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste automático de determinados parámetros de las jubilaciones (años de cotización, edad de retiro o importe inicial de la pensión) que está vinculado a la evolución de la esperanza de vida. La norma también retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años y dijo adiós a la inflación como fórmula para subir las rentas por el fuerte impacto en las cuentas públicas, aunque garantizó que los sueldos de los jubilados nunca se congelen o recorten. ¿Han sido suficientes las medidas?

El mensaje más claro lo lanzó este año el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que alertó de una inevitable reducción de las pensiones públicas futuras. El sistema público no garantizará el nivel de pensiones que esperan los españoles y será necesario completarlas con ahorro particular. Pero España acumula un notable retraso en previsión social complementaria.

Las causas son varias. La primera, una elevada confianza en que el Estado garantizará la pensión. Además, los españoles han destinado más del 70% de sus ahorros a la compra de vivienda, una inversión que puede ser difícil de recuperar con agilidad para atender una urgencia o un imprevisto. Por último, los ahorradores se habían acostumbrado a dejar su dinero en depósitos, productos conservadores y en general a más corto plazo, por la elevada rentabilidad que llegaron a ofrecer (5%).

El Gobierno, para incentivar la contratación de productos para la jubilación, como planes de pensiones y seguros de rentas vitalicias, abarató en esta legislatura las comisiones por gestión que cobran las entidades comercializadoras. Sin embargo, y según el sector financiero, aún faltan incentivos fiscales -los planes de pensiones tributan por el IRPF (hasta el 45%), en lugar de hacerlo como rentas del capital (23%), como los fondos de inversión- y, sobre todo, una labor de concienciación, informando claramente a cada ciudadano de cuál será su pensión futura.