Denuncian al abogado de Puigdemont por alterar las palabras de Llarena en la demanda presentada en Bélgica
El eurodiputado Enrique Calvet ha presentado la denuncia contra Gonzalo Boye, coordinador de la estrategia legal de los independentistas contra el juez del 1-O, en el Colegio de Abogados de Madrid
El eurodiputado español Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha denunciado ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a Gonzalo Boye , el letrado que coordina la estrategia legal de Carles Puigdemont en Bélgica. El motivo es la manipulación de las palabras del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda que el expresidente catalán y varios de su exconsejeros interpusieron en Bélgica contra el magistrado .
Fuentes del Colegio de Abogados de Madrid, donde está colegiado el letrado, confirman a ABC que la denuncia debió registrarse el viernes, pero no será hasta este lunes cuando se le dé traslado al departamento correspondiente. Según adelantó «El Español», Calvet sostiene que la actuación de Boye ha supuesto una «ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española» .
Gonzalo Boye, firmante de la denuncia civil contra el magistrado instructor de la causa del 1-O, habría «alterado deliberadamente» las manifestaciones de Llarena a preguntas de la prensa «para intentar facilitar su admisión a trámite por la Justicia belga, algo imposible si, como es de esperar, el tribunal se atiene a la literalidad de las declaraciones realmente realizadas por el magistrado», sostiene el documento presentado en el ICAM.
Cuando un usuario de Twitter descubrió la «trampa» en la traducción, los abogados de Puigdemont apuntaron hacia la traductora jurada, pero esta lo ha desmentido tajantemente. Asegura que su traducción del español al francés era fidedigna, y que las declaraciones de Llarena se manipularon después, justo antes de presentar la demanda.
La Junta de Gobierno del ICAM se reunirá el próximo 13 de septiembre y tratará detenidamente este asunto. Se valorará que la acción denunciada se ha producido en un tribunal extranjero, pero esto «no tiene por qué limitar» las posibles responsabilidades de uno de los colegiados, según las fuentes consultadas.
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