Vox decreta la ley del silencio en provincias

La primera máxima en una campaña electoral es la siguiente: cierra la boca si no tienes nada que decir, si lo que vas a decir no aporta nada o si, directamente, puede perjudicar al partido. En Vox se lo han tomado al pie de la letra y, para evitar problemas en la fase decisiva del proceso electoral, han endurecido su política de comunicación en las pequeñas circunscripciones. De hecho, según ha podido saber este diario, desde Madrid se ha trasladado un mensaje claro a las provincias: boca cerrada, a menos que el partido diga lo contrario, hasta que pasen las elecciones generales.

La traducción de esta orden es que las divisiones provinciales de Vox pierden cualquier tipo de autonomía en este sentido por lo que, todas las entrevistas o apariciones en medios de comunicación en estos territorios deberán ser autorizadas por los órganos de dirección central del partido.

Esta medida va en la línea de la estrategia que el partido ha seguido desde que irrumpió en la primera línea del tablero político -tras las elecciones andaluzas- y que pasa por evitar al máximo la exposición mediática de su líder, Santiago Abascal , en escenarios no favorables. Las encuestas, por el contrario, son benévolas para sus intereses y en la formación tienen claro que los feudos donde podrán sacar más rédito electoral son las grandes circunscripciones, por lo que prefieren evitar que una declaración desafortunada de alguno de sus candidatos en provincias pequeñas, donde tienen poco que ganar, pueda debilitar la imagen de Abascal y restar votos al partido en la cita del 28-A.

Tampoco es una sorpresa que el partido, debido a su rápido crecimiento, carece de una estructura sólida en la mayoría del territorio nacional. Sin embargo, la ilusión que generan sus siglas ha propiciado que no falten candidatos para representarlas en las próximas citas con las urnas. La conjunción de ambas circunstancias es el caldo de cultivo perfecto para el aterrizaje de «paracaidistas» , entendidos como candidatos provinciales que puedan llevar consigo un «regalo» que dañe la imagen del partido, más todavía en una época en la que el pasado es escrutado con detalle. En el horizonte está un caso que no quieren repetir, el de José Antonio Ortiz Cambray , antiguo líder de Vox en Lérida, en prisión preventiva como presunto autor de delitos sexuales contra dos discapacitados intelectuales.

La ley del silencio en provincias también marida con la intención de Vox de mantener en un segundo plano su presencia en los medios de comunicación en beneficio de fuertes campañas a pie de calle y en redes sociales, donde el partido puede colocar su mensaje de manera directa y sin ser objeto de un examen crítico. Queda por ver si todos cumplen o si, en estas provincias donde Vox sabe que tiene poco que hacer de cara a las generales, surge algún díscolo que se atreva a actuar de forma autónoma cuestionando las órdenes del partido.