Cuenta atrás para empezar a «soltar» 12.000 euros al día
Mañana sábado, a las diez de la mañana, los síndicos electorales deberán responder ante la justicia con su patrimonio
Cada día que persistan en la desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional deberán abonar 12.000 euros (o 6.000, según los casos). La cuenta es sencilla: diez días de desobediencia, 120.000 euros. El órdago independentista va a salir caro a la veintena de síndicos electorales (los encargados de preparar y celebrar el referéndum ilegal) que tendrán que responder con su patrimonio por su negativa a acatar la ley. Mañana sábado, a las diez de la mañana, comienza el plazo que los magistrados del Constitucional han dado a los rebeldes para acatar la sentencia en la que el órgano de garantías suspendió la consulta ilegal.
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El TC ha dado a los síndicos tiempo suficiente para recapacitar y retomar la senda de la legalidad . De ahí que haya dado un margen de 24 horas respecto a la publicación en el BOE de los autos que el Pleno dictó ayer por unanimidad. «Fijar como momento inicial de la imposición de la primera multa diaria las diez horas de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la parte dispositiva del presente auto, y de las multas sucesivas a las diez horas de los días naturales siguientes», señala la resolución.
Renuncias
La decisión del TC parece al menos haber inquietado al número dos de Junqueras, Josep Maria Jové («cesado» esta misma mañana y multado con 12.000 euros), y a la presidenta de la sindicatura electoral de Arán, Carme Vilanova, multada con 6.000 euros. Vilanova se ha escudado en que antes de la multa ella ya había informado al Tribunal de que nunca aceptó el cargo. Sin embargo, en uno y otro caso la multa seguirá adelante hasta que el TC valore las circunstancias , es decir, no se suspende de forma automática.
Junto a ellos, hay otras 19 personas relacionadas con el proceso electoral fraudulento que también han sido multadas: siete de ellas (miembros de la sindicatura electoral de Cataluña) deberán abonar 12.000 euros diarios; otras doce, 6.000. La multa cesará cuando «justifiquen ante el tribunal que han renunciado a sus cargos en las sindicaturas respectivas, previa revocación de todas las resoluciones y acuerdos adoptados, y tras haber comunicado a los mismos destinatarios de las resoluciones y acuerdos, que estos han quedado sin efecto».
Orden a la Agencia Tributaria
En el caso de la jefa de Área de Procesos Electorales y Consultas Populares, Montserrat Vidal (subordinada, a su vez, del cesado número dos de Junqueras), su multa solo cesará cuando justique ante el TC que ha revocado las resoluciones dictadas para la preparación, ejecución y promoción del referéndum ilegal, cuando haya clausurado el contenido páginas web relacionadas con la consulta ilegal, cuando haya acordado el cese de toda colaboración en la campaña institucional del referéndum y cuando haya notificado a todas las personas afectadas las revocaciones y suspensiones acordadas.
Ante la posibilidad de que los aludidos se mantengan en la estrategia de la desobediencia, el TC ordenó ayer comunicar ese auto al presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria «para que proceda, incluso por la vía de apremio, si fuese necesario, al cobro de las multas referidas (...)».
