Desafío secesionista
El TC impone multas por primera vez en su historia por la desobediencia en Cataluña
Los miembros de la «junta electoral catalana» tendrán que pagar hasta 12.000 euros diarios hasta que acaten la orden de suspensión del 1-0; las objeciones de algunos magistrados al poder coercitivo del tribunal casi comprometen la unanimidad del Pleno
El Pleno del TC ha sancionado con hasta 12.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura electoral catalana, los juristas encargados del seguimiento del referéndum ilegal, por su reiterada desobediencia al tribunal. Es la primera vez en su historia que el órgano de garantías hace uso de la multa, una de las herramientas (junto a la suspensión de funciones) de las que le dotó la reforma de su propia ley en 2015 para hacer cumplir sus resoluciones. Los síndicos deberán pagar este importe diario hasta que acaten el mandato del TC.
La decisión del Pleno, la primera relacionada con Cataluña en la que casi no se logra la unanimidad, llega apenas unas horas después de que los miembros de la Sindicatura Electoral Catalana intentaran retrasar la respuesta del tribunal recusando por falta de imparcialidad a todos los magistrados. Tres magistrados han anunciado un voto concurrente, es decir, apoyan la decisión de sus compañeros, pero quieren exlicar sus propios argumentos. El Tribunal ya se enfrentó a una recusación similar en relación con la suspensión del referéndum catalán, en aquella ocasión de la mano de la presidenta del Parlament catalán. Los magistrados la rechazaron de plano y por unanimidad, por «impertinente y abusiva».
El pasado 13 de septiembre el Constitucional había instado a los síndicos a que en 48 horas le informaran sobre las medidas que habían adoptado para cumplir la suspensión del referéndum ilegal. Los miembros designados fueron apercibidos por el TC de que debían dejar de impulsar y frenar la organización del 1-O . Sin embargo, siguieron dando pasos con la designación de los síndicos territoriales para las regiones se Barcelona, Lérida, Tarragona, Gerona y Aran. Los miembros de la pseudojunta hicieron caso omiso al plazo de alegaciones que les dio tribunal. De ahí que los magistrados ya pusieran directamente encima de la mesa la imposición de multas, como pedía la Abogacía del Estado.
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