Caso NóosUrdangarín podría rebajar su pena a 6 años si devuelve el dinero

El juicio del caso Nóos enfila su recta final después de que el pasado jueves finalizara la prueba testifical. Las declaraciones de acusados y testigos no han hecho sino respaldar las tesis del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, por lo que el horizonte penal de los encausados, especialmente de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, no es precisamente halagüeño. El primero se enfrenta a una pena de 19,5 años de cárcel, mientras que la petición para el segundo es de 16,5 años, al estar acusado solo de un delito fiscal, en lugar de dos como el antiguo Duque de Palma.

Las fuentes jurídicas consultadas por ABC advierten, sin embargo, de que eso no supone que las elevadas solicitudes de condena para los antiguos socios del Instituto Nóos vayan a confirmarse.

Especialmente porque la última reforma del Código Penal puede suponer un balón de oxígeno para ellos, siempre que devuelvan todo el dinero malversado. En caso de que finalmente hagan frente a esas responsabilidades, la principal pena a la que se enfrentan, la de malversación de fondos públicos, castigada con entre seis y ocho años, tendría que ser obligatoriamente rebajada en un grado —quedaría entre tres y seis años—, y opcionalmente en dos, con lo que quedaría entre año y medio y tres.

Embargo de bienes

De momento, ni Torres ni Urdangarín han devuelto el dinero supuestamente malversado, 5,8 millones de euros, ya que lo único que se ha producido es el embargo de sus bienes. Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que tal como se ha desarrollado esta primera fase del juicio oral lo más probable es que ambos den ese paso, tal como ha hecho, por ejemplo, el expresidente balear Jaume Matas.

En cuanto al delito fiscal, el segundo gran frente que ambos tienen abierto, los expertos consultados precisan que por las cantidades defraudadas se están imponiendo habitualmente penas de un año, o año y medio como máximo. Por tanto, en el supuesto de que se produzca el pago y los delitos fiscales se castigasen de la forma descrita, la sentencia para Urdangarín se situaría entre los seis y nueve años, mientras que para Torres quedaría entre los cinco y los ocho.

De lo que se ha vivido hasta ahora en la vista oral ha llamado la atención que quien más ha intentado defenderse ha sido Diego Torres, mientras que Iñaki Urdangarín ha optado por una estrategia de seguidismo de su antiguo enemigo, hasta el punto de que en ocasiones parecía que el auténtico defensor del marido de la Infanta Cristina era el letrado de su exsocio. Sorprendió que incluso abonara la tesis de Torres de que todas las actividades de Nóos estaban supervisadas por la Casa del Rey, en contra de lo que había declarado hasta entonces. De ahí que en su interrogatorio se le hicieran notar múltiples contradicciones entre sus testimonios. Además, intentó descargar en los hermanos Tejeiro sus responsabilidades, a pesar de los múltiples testigos que confirmaron que él y Torres eran los únicos responsables de lo que ocurría en el Instituto Nóos.

Reforma polémica

Fuentes jurídicas consultadas por ABC interpretan la nueva regulación del delito de malversación en el nuevo Código Penal como una forma que eligieron los políticos para protegerse, ya que la rebaja de un grado en la pena es imperativa en el caso de que el implicado pague la cantidad malversada.

Tampoco se puede descartar que los dos principales acusados lleguen a algún tipo de pacto, una hipótesis que han estudiado en varias ocasiones pero que lógicamente cada vez es menos probable que se produzca. Esos acuerdos son posibles hasta el momento inmediatamente anterior a que se eleven a definitivas las conclusiones. Poco antes de que comenzara el juicio, como informó ABC, estuvo sobre la mesa un acuerdo con la Fiscalía que conllevaba el reconocimiento de los delitos por parte de los acusados y el pago de la cantidad malversada a cambio de una condena de entre cinco y seis años; por tanto, ambos entrarían en prisión.

Posible rebaja del fiscal

Por lo demás, las fuentes consultadas por ABC consideran que es probable que haya alguna reducción en la petición de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Una de las principales beneficiadas podría ser Mercedes Coghen, consejera delegada de la sociedad pública Madrid 16, que se enfrenta a una pena de seis años y medio por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

No obstante, esas modificaciones serán puntuales, porque los testigos, como se ha dicho, han ratificado las tesis del fiscal Horrach, en especial lo que se refiere a la responsabilidad dentro del Instituto Nóos y a la ausencia de datos incriminatorios sobre la Infanta Cristina.