Caso Púnica
Aguirre se revuelve contra las fiscales de Púnica y se desliga de la caja B del PP de Madrid
Anticorrupción considera a la expresidenta de Madrid, imputada por seis delitos, la impulsora de la finaciación en negro
La antigua presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no ha defraudado en su primera declaración como investigada para rendir cuentas ante la Justicia. En una declaración tensa, y con dardos en varias direcciones políticas, al más puro estilo Aguirre, la antigua dirigente popular se ha desvinculado de la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, formación que ella presidió entre los años 2004 y 2016 . Según ha asegurado, sus labores siempre fueron políticas, sin ninguna relación con las cuentas, han informado fuentes jurídicas presentes en la sala.
Aguirre, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera la impulsora de la financiación ilegal del PP de Madrid, ha negado todas las acusaciones y ha señalado por la contabilidad a Beltrán Gutiérrez , el antiguo gerente de la formación y su antiguo subordinado. Ella nunca tuvo responsabilidades en esa área, ha dicho, tras leer los estatutos del partido en los que apoyó su respuesta. Está imputada por los delitos de cohecho, falsedad electoral, malversación, falsificación, prevaricación y tráfico de influencias.
Al salir de la comparecencia, Aguirre ha realizado una declaración a los periodistas. «Mi inocencia prevalecerá» , ha sentenciado la expresidenta madrileña, que ha mostrado su satisfacción por poder dar su versión ante el juez. Aguirre ha asegurado que nunca ha realizado ni consentido ninguna «irregularidad ni ilegalidad».
Antes, durante su comparecencia, en la que Aguirre se ha revuelto contra las fiscales, la antigua dirigente popular también ha asegurado que sus nombramientos siempre fueron aprobados por Mariano Rajoy , el antiguo presidente del Gobierno y del PP. Aguirre siempre presumió de no haber sido imputada y de solo tener dos «ranas» entre los subordinados a los que ella nombró, en alusión a Francisco Granados e Ignacio González. Ambos son considerados como los cabecillas de las tramas de corrupción Púnica y Lezo .
Anticorrupción va más allá y considera que Aguirre aupó a propósito en su carrera política precisamente a Granados y a González para controlar todas las contrataciones públicas, al colocarles en puestos de los que pasaron a depender gran parte de las licitaciones de la Comunidad de Madrid. El objetivo sería controlar el dinero.
En el interrogatorio, Aguirre ha reprochado a las fiscales del caso su empeño en investigar a Fundescam , una fundación asociada el PP que habría sido utilizada según los investigadores como uno de los cauces para desviar los fondos en B. La antigua presidenta de Madrid ha asegurado que ellas se creen que es «el Watergate», en alusión al escándalo que acabó con la presidencia de Richard Nixon. El juez que la investiga, Manuel García-Castellón, ha tenido que advertirla sobre su tono en varias ocasiones de la declaración.
Según los investigadores de esta pieza, los fondos desviados a partir de 2003 habrían esquivado las cuentas oficiales del PP y las que deben abrir los partidos para canalizar sus pagos en campaña. La ley electoral fija un coste máximo y regula la apertura de cuentas y los gastos electorales; unas normas que, según la Fiscalía, el PP de Madrid se saltó sistemáticamente en 2007, 2008 y 2011 .
Anticorrupción considera, como adelantó ABC, que Aguirre ejerció un rol protagonista en esa esquema ilegal, a sabiendas de que las campañas buscaban fortalecerla y mantenerla en el poder. Los investigadores denuncian que el planteamiento de las campañas forzaba un derroche incompatible con el cumplimiento de la ley.
El viaje del dinero desviado desde las arcas públicas de las Consejerías hasta la caja B de la formación política se habría canalizado principalmente a través de las sociedades del empresario Horacio Mercado. Sus firmas recibían el dinero directamente del Gobierno regional o de las entidades adjudicatarias de las licitaciones. La fórmula habitual era el cobro de una mordida de un 1 por ciento del contrato público para una fingida actividad de publicidad. La realidad, según los investigadores, era que el sobreprecio iba a parar al partido.
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