Aguirre llega a la Audiencia Nacional para responder sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha llegado poco después de las nueve y media de la mañana a la Audiencia Nacional para declarar como investigada por la presunta financiación ilegal del PP regional en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Acompañada de su abogado, y sin hacer ninguna declaración a los medios de comunicación y reporteros gráficos que aguardaban expectantes, Aguirre ha entrado directamente en el edificio del tribunal para comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga el «caso Púnica» .

A la exdirigente popular, que está citada a las diez de la mañana, se le investiga desde principios de septiembre por presuntos delitos de cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación, entre otros .

El instructor considera a Aguirre ideóloga de un «plan a través del cual altos cargos de la Administración autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los Consejeros y altos directivos de los entes públicos».

De acuerdo al auto de imputación del juez Manuel García Castellón, «el plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta y sus consejeros de confianza Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo en connivencia con Horacio Mercado», cuyas empresas debían actuar como «vehículo de trasvase de fondos» de los contratos de publicidad que le daban las consejerías. Éstas, a su vez, obligaban a las grandes adjudicatarias a destinar el 1% del presupuesto a publicidad «como forma de desviar» el dinero al partido y financiar así las campañas electorales.

Es, en su opinión, difícil de imaginar que no conociese la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y Gerente del PPCM, Beltrán Gutiérrez, lo que la hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad electoral presentada ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, señala el auto de imputación. Considera asimismo que «no es verosímil» que «ocurriese sin su conocimiento y consentimiento» el despliegue de «artificios que utilizó» el partido para pagar esos gastos a los proveedores a partir de 2007.