Acuamed: el «modus operandi» de las comisiones de las desaladoras
Fernando Troyano, exnúmero dos de Acuamed, sería el enlace entre adjudicaciones y «mordidas» durante la etapa de Narbona
Los casos Lezo y Acuamed se trasvasan con un denominador común: desaladoras y «mordidas». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó los presuntos sobornos entregados por la constructora OHL tanto al director general de Acuamed, Adrián Baltanás, como su mano derecha, Fernando Troyano , por la desaladora de Carboneras. Ahora un informe técnico para la adjudicación de la desaladora de Torrevieja, al que ha tenido acceso ABC, desvela que Troyano formaba parte de la «Comisión para el Análisis de Ofertas de Desaladoras» de la que posteriormente habría desviado fondos públicos.
El informe resalta que debido a la complejidad para valorar las ofertas se creaba un protocolo de actuación con el conocimiento de la Dirección General de Acuamed para la licitación de la desaladora de Torrevieja (Alicante), la más grande de Europa. Entre los miembros de la Comisión que dieron la obra a la UTE formada por Acciona por un valor superior a los 297 millones de euros , con una baja del 20% del precio ofertado, firmaba Troyano como subdirector de Tratamiento de Aguas.
Paralelamente, la Agencia Tributaria en Cataluña descubrió «los pagos realizados por el grupo Acciona a la sociedad Grupo Inversor G2 por la asistencia técnica prestada en la licitación para la adjudicación del proyecto de construcción de una desaladora en Torrevieja».
Empresa pantalla
Justo detrás de esta empresa pantalla se encontraba la sociedad Agua Planificación y Gestión (APG) administrada por la mujer de Troyano, Noemí Hernáez, que recibió cuatro transferencias por un total de 279.120 euros, donde también rezaba como apoderado el propio Troyano. Fue un inspector de Hacienda alertado «por las informaciones en prensa sobre la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas» quién envió el informe a la Audiencia Nacional, que a su vez dio traslado a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2016 . Troyano todavía no ha declarado por estos indicios en Acuamed.
De esta forma, habría una misma operativa para adjudicar dos desaladoras y cobrar comisiones de las constructoras. Fernando Troyano sería el enlace, cuando el director de la empresa pública era Baltanás, hombre de confianza de la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE. En el caso Lezo lo confiesan dos directivos de OHL en una grabación intervenida por la UCO donde «pedían el 1%, pero al final fue más (...) se entregarán en Madrid» los dos millones de euros. Según la Fiscalía Anticorrupción sería una «práctica generalizada» con una finalidad específica: conseguir contratos de obra pública. Y en Acuamed, por el informe de la Agencia Tributaria que detectó el desvío de fondos públicos a las cuentas bancarias de una sociedad perteneciente al encargado justamente de seleccionar estas adjudicaciones.
Las desaladoras del Programa AGUA fue el proyecto estrella del Gobierno de Zapatero como alternativa al trasvase del Ebro, que supuso una inversión pública de 1.797 millones de euros gestionada por Baltanás. La desaladora de Torrevieja es la única que está siendo investigada en el sumario de Acuamed por reclamar Acciona el pago del 1% de publicidad, 1,7 millones de euros, de la campaña firmada por Narbona en el Consejo de Ministros de julio de 2007.
Además, por ser uno de los contratos de Acuamed investigados por corrupción, la Unión Europea ha notificado que retirará los fondos europeos del proyecto, unos 55 millones de euros , como ha notificado la Oficina Antifraude el pasado 23 de mayo al juez Manuel García Castellón.
Pérdidas millonarias
Acuamed se enfrenta a la pérdida de 217 millones de euros de fondos europeos por los siete contratos de obras investigados en la Audiencia Nacional, según un documento de la Oficina Antifraude de la Unión Europea enviado al juez García Castellón. Hay que sumar otros casi 215 millones de euros de sobrecostes en seis desaladoras aprobadas por el Ejecutivo de Zapatero -Torrevieja, Valdelentisco, Águilas, Bajo Almanzora, Campo de Dalías y Marina Baja-, como revelaba un informe del Tribunal de Cuenta sobre los convenios durante los ejercicios 2010 y 2011.
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