La nueva ley de cooperativas, una norma que respeta el modelo de Rural del Sur y Cajamar

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto-ley que reforma el régimen jurídico de las cooperativas de crédito —en su mayoría cajas rurales pero también cajas profesionales— que se ajusta en gran medida a las peticiones que ha hecho un sector en el que conviven realidades muy distintas. La clave está en que permite que se generen dos modelos distintos de unión entre entidades, con lo cual respeta la idiosincrasia de los dos principales grupos existentes en la actualidad. Con la norma «se favorecen los procesos que contribuyan al fortalecimiento y a aumentar la resistencia de estas entidades, en concreto, mediante la constitución de los denominados Mecanismos Institucionales de Protección (MIP)», según el Ministerio.

La norma reconoce a las cooperativas de crédito la posibilidad de constituir un Mecanismo Institucional de Protección (MIP) como instrumento concebido para la mutua autoprotección y que puede ser de dos tipos, reforzado o normativo.

1. Los MIP reforzados mutualizan al 100% los beneficios y riesgos y cuentan con una entidad cabecera que dirige prácticamente la totalidad de las decisiones del grupo, que tiene consideración de grupo consolidable, en línea con las «fusiones frías» de las antiguas cajas de ahorros. Este es el modelo de la almeriense Cajamar.

2. Los MIP normativos, sin embargo, no tienen que mutualizar al 100% los beneficios y riesgos y se caracterizan por la constitución de un fondo de garantía privado financiado previamente por las entidades miembros del grupo que se utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades que participan en la alianza. En esta línea trabajará la Asociación de Cajas Rurales, que agrupa a 29 entidades (entre las que destaca la andaluza Rural del Sur).

Se establecen además incentivos para constituir estos MIP, ya que «las entidades que lo integran tienen un perfil de riesgo menor al aumentar su solvencia, lo que permitirá reducir los requerimientos mínimos de pasivos capaces de absorber pérdidas a efectos de una eventual resolución y las aportaciones que las entidades integrantes de un MIP deben realizar al Fondo de Garantía de Depósitos», según Economía. En paralelo, desaparecen las trabas a las operaciones de una entidad con las otras cooperativas integrantes del MIP y el fondo de garantía privado tampoco tendrá límites a la hora de invertir en el capital de una de las cooperativas integrantes del grupo.

Levantar esta limitación, explica Economía, facilita el uso del fondo cuando una entidad participante lo necesite. Sin embargo, se deberá presentar al Banco de España, para su aprobación, un plan de actuación a efectos de garantizar la viabilidad que contenga medidas concretas dirigidas a permitir la desinversión en la cooperativa de crédito, en condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del MIP.

Se completa así el ciclo de las reformas del sistema financiero que el Gobierno inició en 2012 y que han permitido al sector contribuir a la recuperación de la economía española, añade el departamento que dirige Luis de Guindos. El sector de las cooperativas de crédito supone el 6% del sistema crediticio y tiene una gran relevancia en la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional, tales como pymes, autónomos o emprendedores, según destaca el Gobierno.