Mal balance de Legislatura
Las leyes más «importantes» que prometió la Junta de Andalucía siguen en el cajón
La presidenta acaba su mandato sin sacar adelante normas que calificó de prioritarias como las de Agricultura, Juventud, Formación y Salud
Con el decreto de adelanto electoral, la presidenta Susana Díaz firmó el lunes 2 de octubre la disolución del Parlamento a cinco meses de la fecha prevista para el fin de la Legislatura. Díaz justificó la medida en la pérdida de estabilidad , precisamente una semana después de que la Cámara aprobara, por unanimidad o mayoría, las tres últimas leyes del finiquitado periodo de sesiones: Igualdad, Medidas para el Cambio Climático y la Ley Audiovisual de Andalucía. La presidenta confesó que eligió esa fecha para disolver el Parlamento porque quiso que las referidas leyes salieran adelante.
El balance de la Legislatura es desfavorable para la presidencia que solo ha sacado adelante 7 de las 30 leyes que incluyó entre las 135 medidas de su discurso de investidura para la X Legislatura. Entre las 13 leyes prometidas que no ha sido capaz de impulsar el Gobierno andaluz están las de Subvenciones, la Reforma de la Cámara de Cuentas, la de Tasas y Precios Públicos, la Ley de Acceso a los Beneficios Públicos y medidas contra el Fraude, la de Administración Electrónica, la Ley de Renta Básica, la de Mecenazgo o la de las Artes Escénicas
Otras cuatro leyes fundamentales han corrido igual suerte y confirman el fracaso del Gobierno andaluz a la hora de impulsar la tramitación de normas en un Parlamento donde casi siempre contó con el apoyo del de Ciudadanos para asegurarse una cómoda mayoría.
Con la disolución temprana del Parlamento decae la tramitación de los proyectos que habían entrado ya a debate. Algunos llevan años de tortuosa tramitación y aunque fueron señalados por el Gobierno como claves para la gestión han vuelto a la casilla de salida.
La Ley de la «joya»
El ejemplo paradigmático es la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Susana Díaz ha agotado su mandato sin abrochar el «cinturón de seguridad» para el blindaje de la sanidad pública, que así denominó al proyecto de Ley que espera su aprobación desde diciembre de 2016. La sanidad pública, «una prioridad» para Díaz, se queda sin su Ley estrella tras el paso de dos consejeros de Salud y una tramitación guadianesca con notables dudas sobre su viabilidad, como puso de manifiesto el informe del Consejo Consultivo, que alertó de interferencias con la legislación estatal y calificó el proyecto de «texto programático».
A pesar de su enunciado, el proyecto no pasaba de ser una declaración de intenciones, sin previsión presupuestaria –un defecto habitual de los proyectos tramitados por la Junta– y con aspectos polémicos como la regulación de las subastas de medicamentos o la apuesta por la fusión hospitalaria a la que tuvo que dar marcha atrás el Gobierno andaluz tras las mareas sanitarias del pasado año. El Gobierno de Susana Díaz no ha sido capaz de sacar adelante la ley estrella del sistema sanitario. Afalta de un Ley con la que celebrar el fin de mandato en materia «sanitaria» la Junta aceleró el compromiso de implantar un servicio gratuito de televisión en los hospitales andaluces.
Ley de Juventud
Por esas fechas, la presidenta había trasladado a la comisión permanente del Consejo de la Juventud el compromiso de sacar adelante la Ley para la Juventud de Andalucía prometida hace 35 años. Tendrá que esperar unos cuantos más para que otro Gobierno y otro Parlamento la hagan realidad. Tampoco en esta legislatura fue posible a pesar de que el Ejecutivo de Susana Díaz admitió que sus políticas en la materia están «dispersas».
La prometida Ley de Juventud afecta a un 23% de la población . Como otros proyectos legales similares, su borrador, además de críticas de colectivos juveniles, recibió informes contrarios del Consejo Económico y Social, que exige evaluar las políticas a las que se refiere la ley y cuantificarlas. El último proyecto de la Ley de Juventud se presentó por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales el pasado mayo. Sánchez Rubio aseguró de forma tajante que la Ley entraría en vigor «en esta legislatura» y anunciaba una dotación presupuestaria de 485 millones de euros durante los primeros cuatro años de vigencia. Entre las «novedades» de la Ley estaba primar al colectivo de jóvenes en las políticas de acceso a la vivienda y empleo . El proyecto seguirá en el cajón.
Ley de Formación
La fallida Ley Integral de Formación Profesional es otro de los grandes fiascos del Gobierno de Díaz. En trámite desde 2014, fue anunciada como «la ley más importante de la Legislatura», la anterior a la que acaba de concluir.
Se trata además de una ley incluida en el acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos que preveía también la creación de una Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía. De tal calado era la propuesta que se consideraba por el Ejecutivo andaluz como la «llave fundamental para redefinir el modelo productivo andaluz». Debería ser la Ley «más ambiciosa» de la comunidad para modificar los registros que han estigmatizado históricamente el progreso de la región: el desempleo y el abandono escolar.
La Junta implicaba en el proyecto a dos consejerías, Educación y Empleo , cuyas diferencias han marcado buena parte de su tortuosa tramitación. El consejero Luciano Alonso la iniciaba. Después de tres años, volvía al Consejo de Gobierno el pasado enero. Su tramitación «comenzaba casi desde cero», reconocía la consejera Sonia Gaya. El Consejo Consultivo también informó de numerosos errores del texto . Teniendo en cuenta que buena parte de su articulado remite al futuro reglamento para su desarrollo, nadie confía en que la Ley de Formación esté plenamente implantada antes del final de la próxima legislatura.
La urgencia de una ley de Formación era más que evidente, sobre todo después del escándalo de las irregularidades detectadas en las ayudas a la formación distribuidas por la Junta de Andalucía, que obligó al Gobierno andaluz a suspender las convocatorias desde 2011 hasta este año. La Junta gastó miles de millones en cursos de inserción laboral en los que se detectaron numerosas irregularidades. Aesto se une que 143.000 alumnos se han quedado esta legislatura sin plaza en las convocatorias de Formación Profesional reglada por la escasa oferta de curso de grado medio.
Ley de Agricultura
Otra de la grandes apuestas legislativas del Gobierno de Susana Díaz que ha frenado el adelanto electoral es la Ley Integral de Agricultura, una ley que prometía «un nuevo impulso en la mejora de las estructuras agrarias, en la modernización y redimensionamiento de las explotaciones, en el I+D+i aplicado al sector agrario en la incorporación de jóvenes a esta actividad económica», según refirió la presidenta Susana Díaz en la batería de medidas que acompañó a su discurso de investidura en 2015.
El Proyecto superó el debate de totalidad en el Parlamento en junio, donde no encontró enmiendas totales, pero con la disolución tendrá que reiniciar su tramitación si el próximo Gobierno lo considera pertinente. Y el sector, fundamental en la estructura económica andaluza, seguirá esperando.
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