La guerra de los 30 años de una presa que crearía miles de empleos

La historia se parece a la de casi todos los grandes proyectos de transformación económica en Andalucía. Nace y se desarrolla en un larguísimo proceso burocrático que debe armonizar los intereses de administraciones descoordinadas entre ellas (cuando no abiertamente enfrentadas); lentamente el proyecto madura y, entonces, aparece una frontal oposición de grupos ecologistas que dilata los plazos de decisión política. La penúltima traba es la postergación de la inversión pública en función de las prioridades presupuestarias del Gobierno de turno.

Hasta febrero de 2015, cuando comenzaron definitivamente las obras, ésta había sido la larga peripecia de la presa de Alcolea. La iniciativa se ideó hace ya 22 años con el objetivo de regular las aguas del Odiel y poner en regadío más de 25.000 hectáreas en localidades como Niebla, Villarrasa, la Palma del Condado o Valverde del Camino.

«No hay un ningún proyecto en Andalucía con una capacidad semejante de transformar la economía agraria de un gran área que incluye a 16 municipios y llega casi a la provincia de Sevilla», afirma José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Asaja en Huelva. Un informe del Colegio de Economistas redactado por el catedrático Juan José García del Hoyo estima que esas explotaciones agrarias podrían generar unos ingresos anuales de 370 millones de euros y crear 13.000 empleos.

En teoría, esta infraestructura se debería haber inaugurado esta primavera, pero el desencuentro entre Sacyr y la sociedad estatal Acuaes (promotor y gestor de infraestructuras hidráulicas en las cuencas españolas) sobre cómo resolver las incidencias que iban surgiendo en la obra, ha vuelto a disparar todas las alarmas, amenazando a esta iniciativa con más años de retrasos. A este ritmo, la presa vivirá su particular guerra de los treinta años.

La obra se adjudicó en 2008 a una UTE liderada por Sacyr, por un importe inicial de 45 millones de euros. Las grúas no se movieron hasta 2012 (cuando llegó la partida presupuestaria para ello), pero las circunstancias geotécnicas llevaron a la redacción de un proyecto modificado, aprobado en 2015, que no elevó la inversión inicial (el 50% corresponde al Gobierno Central y el otro 50% lo pagarán finalmente los propios regantes abonando un canon sobre el agua consumida, aunque inicialmente está financiado por la Junta de Andalucía).

Tras meses de discusión, Acuaes ha resuelto el contrato con Sacyr, con la obra ejecutada en un 20%, y tiene previsto iniciar una nueva licitación. «Con la presión social que se ha generado por la escasez de agua en el entorno de Doñana, la culminación inmediata de la presa debe ser una prioridad de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, que deben mostrar su unión para sacar esto adelante», recalca Manuel Angel Bracho, decano del Colegio de Economistas. Y es que los cultivos de Doñana están en la cuenca del Guadalquivir, mientras que el río Odiel y la Presa de Alcolea forman parte del Guadiana. «La presa no utiliza aguas del Guadalquivir, entre los pueblos que están en su área de influencia están Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, que podrían prescindir del riego con agua subterránea mejorando el estado de los acuíferos», añade.

¿Qué ha ocurrido entre Sacyr y Acuaes? Hasta febrero se había realizado la primera fase para desviar el río Odiel (una parte compleja por su alto y variable caudal), además de la excavación de la cimentación y una parte del hormigonado del margen izquierdo de la presa. Acuaes inició la resolución del contrato en marzo, alegando que Sacyr estaba disminuyendo los medios materiales y humanos en la obra, según las fuentes consultadas por ABC. La constructora alega —según las mismas fuentes— que al contrario, los importantes problemas técnicos, como la geotécnica del margen derecho o ciertos requisitos ambientales y el recrecido de la presa (derivado del aumento de demanda de agua sobre las previsiones), hacían necesarias nuevas soluciones que elevaban el coste, por lo que negociaba un segundo modificado de la obra que debía redactar Acuaes.

¿Qué ocurrirá ahora? Sacyr estima que las razones alegadas por la resolución del contrato no están justificadas y está preparando su defensa ante los tribunales para reclamar contra la resolución, ya que «su interés es continuar con las obras y reclamar por todos los daños y perjuicios derivados de los retrasos desde 2009». En paralelo, Acuaes debe licitar de nuevo la obra para buscar un nuevo adjudicatario, un proceso que en el escenario más optimista duarará entre seis meses y un año.

Las disputa de Sacyr y Acuaes es, por ahora, el último episodio de una historia que comenzó en 1995. «Este tipo de acontecimientos genera inseguridad y desconfianza en los inversores, solo se puede revertir con más capacidad de entendimiento y con más visión política», subraya José Luis García-Palacios Álvarez. El presidente de Asaja Huelva recuerda, en cualquier caso, que la transformación económica de esta zona es a largo plazo. Tras la culminación de la obra debe llenarse de agua, también hay que adjudicar el canal de Trigueros, que propiciará la conducción del agua. A partir de ahí llegará la inversión privada de más de 1.800 agricultores (que son los que forman la Junta Central de Usuarios) para transformar sus distintas explotaciones. «Llegaría el momento de planificar muy bien los cultivos para equilibrar la producción agraria en esta zona con la demanda del mercado, sin afectar a cultivos que hoy son tractores de la economía onubense», indica García-Palacios.

Juan Antonio Millán, exalcalde de Cartaya y uno de los promotores del proyecto —lidera la asociación de regantes Coprehu— afirma que «tanto los regantes, como la Junta de Andalucía y el Ministerio están totalmente alineados y comprometidos para que la presa se culmine cuanto antes». Sin embargo, es inevitable que para muchos agricultores vuelva la incertidumbre.