Investigación de la Audiencia Nacional
La Guardia Civil solicita autorización judicial para continuar el registro de Abengoa este miércoles
Un día no fue suficiente para descargar en discos duros externos toda la documentación necesaria para determinar si hubo falsedad documental y estafa a inversores entre 2014 y 2016
La cantidad de información que la Guardia Civil necesita descargarse de los equipos informáticos de Abengoa para investigar si maquilló sus cuentas entre 2014 y 2016 es de tal magnitud que un día entero no ha sido suficiente para lograrlo y ha pedido autorización a la Audiencia Nacional para continuar con el registro de la sede de la multinacional este miércoles, según ha podido saber ABC.
El registro en la sede de Palmas Altas ha sido ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno , que investiga dos delitos: uno relativo al mercado y a los consumidores, y otro de falsedad de cuentas.
La investigación por parte de la Audiencia tiene su raíz en la querella que la Plataforma de Afectos de Abengoa presentó en 2015 por estafa y falsedad documental contra Felipe Benjumea, entonces presidente de la compañía, y el CEO Manuel Sánchez Ortega, aunque en 2020 se amplió la querella a su socio auditor, Deloitte, después de que 3l Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) le impusiera una sanción de 1,48 millones de euros y de 8.700 euros al socio encargado, Manuel Arranz, por haber cometido dos infracciones graves en el «incumplimiento de las normas de auditoría, que pudo tener un impacto en la elaboración del informe de la compañía».
El primer día de registro comenzó a las 9 de la mañana de este martes y se prolongó hasta las 19,15 horas . Aunque las pesquisas están declaradas secretas, se ha sabido que los funcionarios policiales han indagado sobre los sistemas de facturación interna de la compañía desde 2012 a 2016 para poder determinar si la empresa maquilló las cuentas, ocultando información a miles de personas que invirtieron en la compañía, cuya cotización se suspendió en julio de 2020 por no presentar las cuentas de 2019 y estar en causa de disolución por presentar un déficit patrimonial de 388 millones de euros.
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