La Guardia Civil no ve cohecho en los investigados por el concurso de la mina de Aznalcóllar

Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil , a instancias del juzgado de Instrucción 3 de Sevilla tras reabrir el caso judicial sobre el concurso de la mina de Aználcollar (Sevilla), asegura que, una vez analizada toda la documentación, no puede determinar «la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva» para los funcionarios o técnicos que formaron parte de la mesa de contratación que adjudicó a la agrupación México Minorbis de los derechos de explotación de la mina en 2015, unas actividades que inicialmente se adjudicaron al grupo Magtel en un concurso al que también se presentó la empresa Emérita.

El informe concluye que los únicos que obtuvieron puestos de «más relevancia» fueron el entonces secretario general de Innovación Vicente Fernández y la directora general de Minas María José Asensio, que fueron nombrados interventor general de la Junta y viceconsejera, respectivamente, «ambos puestos políticos», y una funcionaria que cambió «a un destino de mayor nivel».

Cabe recordar que Vicente Fernández fue nombrado posteriormente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) , cargo del que dimitió tras conocerse la reapertura de la causa judicial, quien destacó en el juicio «la escasa solvencia» de la empresa perdedora del concurso internacional convocado en su día para la reapertura de la mina, mientras que Asensio aseguró que no hubo ningún trato de favor a ninguna empresa de las que se presentaron al citado concurso.

«El resto de las personas investigadas no obtuvieron puestos de trabajo que, en vistas del complemento de destino, supusieran un aumento significativo de sus retribuciones o en la relevancia del puesto de trabajo», señala el informe. De igual forma y tras el análisis de la información fiscal y tributaria analizada, «no ha arrojado ningún dato reseñable relacionado con las personas que componen dicho círculo personal».

Para la elaboración de este informe, los agentes han recabado, a través del gabinete jurídico de la Junta, una serie de documentos relativa a los diferentes cargos que han ostentado los investigados en el presente procedimiento desde los tres meses antes de la celebración de la licitación para la adjudicación de las actividades extractivas. Esta investigación fue ordenada por la juez de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya tras ordenar reabrir el pasado mes de octubre por segunda vez esta causa judicial.