Un grupo de inversores andaluces denuncia a Banco Popular

Una veintena de empresarios e inversores andaluces han denunciado en la Audiencia Nacional a la cúpula directiva de Banco Popular antes de su venta (incluye a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho) como a la empresa auditora (PwC) para resarcir los daños patrimoniales que han sufrido como accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada de la entidad. Estos empresarios están integrados en la Asociación Nacional de Afectados por Banco Popular, que está presidida por el industrial sevillano José Manuel Navarro Bernal.

La denuncia presentada por Sanguino Abogados solicita a la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelares para que aquellas personas o empresas que adquirieron acciones, bonos o deuda subordinada de Banco Popular a través de un préstamo otorgado por esta entidad no tengan que pagar sus respectivos préstamos hasta que se resuelva la denuncia.

«Pretendemos que se minimicen los efectos perniciosos de los préstamos concedidos para la adquisición de tales acciones; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de dicha operación que se articulará en sede penal», indican fuentes de Sanguino Abogados. Los afectados que hasta hoy están integrados en esta asociación suman unas inversiones en acciones, bonos o de deuda subordinada del Banco Popular que superan los 100 millones de euros. Algunas de las empresas afectadas tenían invertidos hasta 5 millones de euros.

La Asociación de Afectados por la venta de Banco Popular que se ha constituido en Andalucía ha registrado la adhesión de más 300 asociados y ha elegido al despacho Sanguino Abogados para desarrollar todas las acciones jurídicas, económicas y sociales que puedan desarrollarse. Se trata en todos los casos de accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular que a día de hoy han perdido su inversión. El 80% son empresas que desarrollan su actividad en Andalucía y el resto son personas físicas (empresarios a título individual y pequeños accionistas).

«Los casos más abundantes son empresas que suscribieron la última ampliación de capital, normalmente a crédito y con préstamos concedidos por Popular con la única finalidad de cubrir la ampliación, obligados para no perder sus líneas de circulante», según la asociación.