Francisco Carmona, presidente de Fadeco Contratistas, durante la presentación del informe
Francisco Carmona, presidente de Fadeco Contratistas, durante la presentación del informe - VANESSA GÓMEZ
Informe de Fadeco Contratistas

Los constructores alertan de la falta de trabajadores cualificados en Andalucía

Reclaman un plan urgente de formación y denuncian la burocratización de la Administración autonómica

SEVILLAActualizado:

Los empresarios de la construcción andaluces han empezado a detectar carencias de mano de obra cualificada en los sectores de edificación residencial y obra pública, cada vez más tecnificados y exigentes.

El presidente de la patronal Fadeco Contratistas, Francisco Carmona, ha dado esta mañana la voz de alerta y ha reclamado un plan integral de formación en la construcción para cubrir este déficit del mercado laboral, que se produce en un momento en el que la actividad constructora está repuntando con mucha fuerza y aumenta la demanda de trabajadores.

«Llevamos cuatro años sin cursos de formación y ahora que se necesitan no hay trabajadores formados», ha recalcado Carmona, que no ha entrado a valorar las causas de esa carencia, ligadas a los casos de fraude en los cursos subvencionados que están en los juzgados.

«Ahora que se habla de incremento de los salarios, hay que decir que es difícil que se pueda dar esa subida si no se aumenta la productividad», ha subrayado el portavoz empresarial.

Durante la presentación esta mañana, en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), del informe anual sobre el comportamiento del sector de la construcción correspondiente de 2017, el presidente de Fadeco ha señalado que «la administración andaluza sigue anclada en los modelos tradicionales, absolutamente desfasados» y no sigue el ritmo de las empresas.

Así, según Carmona, las constructoras se han industrializado tras la crisis y ha surgido «un nuevo sector empresarial que ha logrado un salto en calidad, ha reducido los plazos de ejcución de las obras y ha ajustado los costes para evitar desviaciones presupeustas, mientras que las administraciones públicas no lo están acompañando en este cambio.

Sevilla recibe la mitad de inversión pública en infraestructuras que la media nacional

Así, Carmona ha aludido a las gerencias municipales de urbanismo para afirmar que «no es razonable que hoy, con las nuevas tecnologías, se tarden diez meses de promedio en dar una autorización a un proyecto para que se pueda poner en carga».

Un ejemplo de la parálisis, según Fadeco, es que después de tres años de haberse aprobado el Plan Integral de Construcción Sostenible de Andalucía, que estaba llamado aser «el gran plan que iba a dinamizar el tejido productivo» regional, «ni siquiera se haya reunido todavía el comité director».

«No estamos viendo ningún resultado y eso genera mucha frustración y falta de certeza para que las empresas puedan planificar sus inversiones», ha destacado Carmona.

Licitación pública

En el informe de Fadeco se detallan los datos sobre la evolución del sector la construcción en el ultimo año, con especial énfasis en la licitación pública, que se ha incrementado un 48% en Andalucía en 2017, hasta una cifra total de 1.355 millones de euros.

Sin embargo, en el análisis comparativo que hace la patronal con otros territorios, se refleja que en cuanto a la inversión de las administraciones en obras de infraestructuras y equipamientos públicos, medida en euros por habitante, Andalucía «está a la cola del Estado».

En concreto, la cifra promedio de licitación a nivel nacional en 2017, en relación a la población, fue de 281,01 euros por habitante, mientras que en Andalucía se situó en 161,61 eusros.

En el caso de Sevilla, esta proporción es aún menos favorable ya que representa la mitad de la inversión estatal, con 148,5 euros per cápita.

Los ayuntamientos son los que siguen tirando de la licitación pública en la comunidad autónoma, con una aportación de 555,6 millones de inversión, lo que supone más del 40% del global.

Por su parte, la Administración autonómica contribuye con 438,3 millones de euros (32%) y el Estado, con 361,4 muillones (26%).