Apertura de juicio oral contra 16 acusados por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar
Se les imputa los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, prevaricación ambiental y fraude contra la Administración
Entre los procesados están el expresidente de la SEPI, dos empresarios y 13 funcionarios de la Junta de Andalucía
El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha dictado un auto de apertura de juicio oral a 16 acusados por presuntas irregularidades en la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, al grupo México-Minorbis (participada por la cordobesa Magtel). Se les juzgará por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude contra la Administración y prevaricación ambiental. Entre los procesados hay 13 funcionarios que formaron parte de la mesa de contratación y de la comisión técnica; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y ex secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía; y los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno, directivos de Magtel.
En el auto de apertura de juicio oral se ratifica la situación de libertad para todos los encausados y se declara competencia para enjuiciar la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sección séptima precisamente ordenó al Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla procesar tanto a los miembros de la comisión técnica como a los de la mesa de contratación y ampliar el objeto del proceso no sólo a la prevaricación, sino también al tráfico de influencias, fraude contra la Administración y malversación por gestión desleal.
El auto de apertura de juicio oral ha sido notificado también a la Junta de Andalucía, los representantes de Minorbis y Minera los Frailes como responsables civiles . La investigación judicial se abrió en 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, que también optaba a la concesión de la mina, y que denunció la existencia de irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso. En la causa están personadas como acusación popular la Federación Ecologistas en Acción y la empresa Andalucía Mining.
Tanto Emerita Resources España como la Federación de Ecologistas en Acción y Andalucía Mining han presentado escrito de acusación y solicitud de apertura de juicio oral contra los acusados, no así la Fiscalía, que ha pedido en todo momento el archivo de la causa. Además, Andalucía Mining ha solicitado que sse declare a la Junta de Andalucía, Magtel, Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes responsables civiles, cifrando los daños y perjuicios ocasionados en 7,1 millones de euros.
La Federación de Ecologistas en Acción pidió además como medida cautelar la suspensión del procedimiento de autorización derivado de la resolución de 2015, la suspensión del procedimiento de autorización del plan especial de actuación a Minera Los Frailes (constituida por Minorbis y Grupo México) y la suspensión del procedimiento de autorización de vertido tramitado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El juzgado ha denegado dicha solicitud en este momento procesal, sin perjuicio de que se pueda pedir a la Administración o bien en la sala contencioso administrativo del TSJA, que ya ha levantando la prejudicialidad penal.
Ni Emerita ni Ecologistas en Acción han pedido que los acusados depositen fianza o se decrete el embargo de bienes para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse. Si Emerita o Ecologistas en Acción no presentan escrito en el plazo de diez días se entenderá que se oponen a la acusación y seguirá su curso el procedimiento, según ha indicado Patricia Fernández Franco, jueza de Instrucción 3 de Sevilla.
Están acusados Vicente Fernández, ex secretario general de de la Consejería de Innovación, Industria y Energía, quien dimitió como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) al ser investigado por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla por el concurso de la mina de Aznalcóllar. Asismismo, entre los procesados figuran los hermanos Mario López Magdaleno, presidente y vicepresidentes de Magtel, respectivamente.
Asismismo, entre los funcionarios de la Junta procesados están M. J. A. C., directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta; J. M. A. P., interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración Publica de la Junta; J. R. Z., jefe del servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía; P. S. C. S. I., letrada de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta; S. C. L., secretario general de medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la delegación en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; y I. M. V, jefe del servicio de minas de la Dirección General de Industria, entre otros.
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