Valerio admite que hasta 2022 las pensiones estarán en números rojos
La ministra quiere acompañar el recorte de los 18.800 millones de déficit del sistema con más gastos
La reforma de las pensiones es uno de los retos de mayor calado que tiene el Ejecutivo y recortar el déficit es el primer paso. Este camino hacia la consolidación pretende hacerlo con más gasto, dado que es su intención mantener y en algunos casos mejorar la protección social. Un proceso complejo que tarará años y que pasa por subir los impuestos en España. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró ayer en el Pacto de Toledo que el objetivo es lograr el equilibrio «en 2022 o 2023». Son años en los que comenzará a jubilarse la generación del «baby boom» (nacidos entre 1958 y 1977) y en los que se esperan una transición suave que tendrá su pico en 2042 con la incorporación de unos 723.000 potenciales pensionistas, lo que elevará el total a 15 millones , frente a los 8,7 millones actuales, según las previsiones del profesor de investigación del CSIC, Antonio Abellán.
De lo dicho ayer por Valerio en el Congreso se deduce, por tanto, que el Gobierno todavía tardaría entre cuatro y seis años en lograr el equilibrio financiero del sistema, ahora con un déficit de 18.800 millones. Y el procedimiento para lograrlo no será el recurso a la «hucha» con apenas 8.000 millones, ni recurrir al endeudamiento, será subir los impuestos en España. «Hace falta una reordenación del sistema fiscal», dijo la titular de Trabajo en un discurso en el que instó a sus señorías a ponerse de acuerdo para encontrar juntos soluciones para las pensiones. «El Gobierno no quiere gobernar a golpe de decreto», apuntó.
«Hay que reforzar el equilibrio financiero del sistema, pero en ningún caso a costa de una merma del gasto en pensiones ni de la cuantía de las mismas», dijo la ministra. Valerio se refirió a «estabilizar y mejorar la acción protectora» del sistema garantizando el poder adquisitivo, atajando la «brecha de protección social» entre hombres y mujeres y atendiendo a los pensionistas «más vulnerables». También se refirió a la integración progresiva en el régimen general del colectivo de empleadas del hogar y a la mejora de la prestación por cese de actividad de los autónomos.
Explicó la titular de Trabajo que la creación de empleo o el aumento de sueldos no es suficiente para restituir el equilibrio en las cuentas . Motivo por el que aludió a la próxima subida de impuestos. La heredada «tasa google», el impuesto a la banca, la subida de Sociedades o el destope de cotizaciones que estudia el Pacto de Toledo. Sobre este último asunto explicó que la idea es un destope progresivo -citó para sueldos entre 45.000 y 60.000- lo que aportaría unos 3.500 millones a las arcas públicas, dijo. Sobre la posibilidad de acompañar esta eliminación de topes con una subida de la pensión máxima aseguró que «habrá que estudiar si es mayor la subida de pensión de lo que se recauda».
Más de 93.000 millones
Valerio fue muy crítica con el recurso al Fondo de Reserva del anterior Gobierno para pagar las pensiones. Recriminó a los aneriores gestores del sistema que se gastaran 93.251 millones adicionales a los ingresos por cotizacione sentre 2012 a 2017. Según sus datos 74.438 millones del Fondo de Reserva, 8.621 millones del Fondo de Contingencias Profesionales y 10.192 millones del préstamo concedido a la Tesorería General de la Seguridad Social en los Presupuestos de 2017.
Advirtió que la última auditoria de la situación financiera del Tribunal de Cuentas pone de relieve que las entidades gestoras públicas del sistema de Seguridad Social tienen por primera vez, desde la aprobación del Pacto de Toledo, un saldo negativo de 13.725 millones de euros.
Entre los planes inmediatos que avanzó está derogar algunas de las medidas de ajuste que puso en marcha el PP. Quieren mejorar la cotización de los subsidios de desempleo de mayores de 52 años. Hasta 2012, esta ayuda cotizaba por un 125% . Ese año se elevó a 55 años la edad de cobro y se redujo la base de cotización al 100%. También apuntó que repondrán la cotización de las cuidadoras que incluyó la Ley de Dependencia pero nunca se puso en marcha.
