Uber vuelve a España con conductores profesionales

El pasado noviembre, Uber reconoció sus «errores». La plataforma, suspendida en España desde 2014 por competencia desleal al taxi, admitió que había ido «demasiado deprisa» en nuestro país. Ante la imposibilidad para operar en nuestro país, cambió su modelo productivo y anunció que comenzaría a trabajar solo con conductores profesionales (autónomos o empresas), en posesión de licencias VTC (una autorización de arrendamiento de vehículos con conductor). Tan solo cuatro meses después de su anuncio, la herramienta vuelve a España.

Según ha informado la compañía a ABC, los consumidores madrileños podrán utilizar UberX a partir de hoy. A diferencia de Uber Pop, un suspendido de forma cautelar por la justicia española, esta nueva aplicación será llevada a cabo por conductores profesionales.

El usuario indica el punto de recogida, introduce el destino al que se dirige y comprueba cuántos minutos falta para que el vehículo de Uber le recoja.

Al realizar esta operación, Uber le proporcionará la información del conductor, la foto y el modelo y número de matrícula del vehículo.Según la plataforma, esta nueva prestación permitirá un ahorro del 30% en trayectos habituales y un 40% en viajes a destinos especiales como los aeropuertos, en comparación con las «alternativas tradicionales».

«Miles de españoles usan Uber para moverse en ciudades de todo el mundo y, a partir de hoy, podrán hacerlo también en Madrid. Gracias a UberX, los madrileños podrán disfrutar de viajes cómodos y seguros con tan sólo apretar un botón en su móvil y a un precio tan asequible», destaca Carles Lloret, General Manager de Uber para el Sur de Europa.

Madrid! #UberIsComingpic.twitter.com/Im5lA1GUoq

— Uber España (@Uber_ES) 28 de marzo de 2016

La nueva fórmula utilizada por la herramienta pretende arrojar luz sobre su actividad, después de que en su primera etapa en España varios colectivos le acusaran de fomentar la economía sumergida. La empresa destaca que ha logrado alcanzar un acuerdo con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para impulsar la fiscalización de la actividad que realicen los conductores.

Aún así, advierte de que «trabajadores autónomos y empresas son los responsables de su tributación. Sólo ellos conocen cuáles son sus costes, que varían en función del tamaño del coche y el tipo de combustible entre otros, los ingresos que reciben de otras fuentes y las exenciones a las que están sujetos». Los conductores, por tanto, siguen sin ser empleados de la herramienta, sino autónomos con capacidad para realizar otro empleo.

Eso sí, el conductor deberá tener todos sus papeles «en regla». Será necesario contar con el seguro del vehículo en regla, no tener antecedentes penales o haber pasado la ITV en plazo. Evidentemente, también la licencia que acredite al conductor será indispensable para poder realizar estos servicios.

Las licencias, clave

Las VTC son un tipo de arrendamiento distinto al taxi, según el cuál los conductores no pueden recoger a un cliente sin cita previa ni utilizar los carriles destinados a los taxistas. Por cada treinta licencias que se conceden al taxi se distribuye una VTC. El Gobierno aprobó el año pasado un Real Decreto que modificó el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres sobre arrendamiento de los vehículos con conductor (ROTT), pero mantuvo esta proporción. Los taxistas aplaudieron la medida; Uber la calificó como una «oportunidad perdida».

Ahora, Uber da un nuevo paso hacia su normalización. La justicia ha dado la razón en los últimos meses a plataformas como BlaBlaCar o Cabify, que también habían sido acusadas de competencia desleal. También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha intensificado en estos meses su defensa por las plataformas colaborativas. En este contexto, la herramienta pretende instalarse definitivamente en España y regular su actividad.

El principal escollo, una vez más, lo pondrá el sector del taxi. Precisamente esta semana y (teóricamente) sin conocer la decisión de Uber, la patronal del sector alertó de que hasta 9.000 vehículos pirata operan en España y propuso a los partidos políticos la aprobación de una proposición no de ley con «modificaciones a favor del servicio público de transporte de viajeros en taxi». Según el sector, se ha producido una «especulación» con licencias VTC. Precisamente las licencias a las que Uber ha confiado su futuro en nuestro país.