El Tribunal de Cuentas destapa un sobrecoste de 7.600 millones en las estaciones de AVE

El organismo pide al Ministerio de Fomento que busque fórmulas alternativas al soterramiento

Muchas actuaciones en la construcción de estaciones acumulan un bajo porcentaje de ejecución ARCHIVO

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Varapalo del Tribunal de Cuentas al AVE . La institución cuestiona en un demoledor informe publicado ayer las actuaciones de las Sociedades de Integración del Ferrocarril (SIF), creadas entre 2002 y 2010 por el Ministerio de Fomento y las administraciones terrioriales para construir estaciones de alta velocidad en distintas ciudades. Unas obras que, según el Tribunal de Cuentas, arrojaban a finales de 2016 un sobrecoste de 7.633 millones de euros.

En principio, las trece actuaciones analizadas por la institución (acometidas en Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza) en su «Informe de Fiscalización de la Actividad de las Sociedades Públicas de Integración del Ferrocarril Participadas por Adif-Alta Velocidad», de 146 páginas, iban a costar 4.101 millones. Sin embargo, en la fecha antes descrita esta cifra casi se había triplicado y alcanzaba los 11.738 millones de euros. Un 186% más. Y eso pese a que solo se han ejecutado el 29,39% de las obras previstas.

¿A qué se debe este agujero? El informe del Tribunal de Cuentas achaca casi al completo esta cifra (6.863 millones) a la integración ferroviaria, que supone las propias obras y permisos para llevar el AVE hasta el centro de las ciudades. Y es que para llevar a cabo este proceso normalmente estas sociedades han recurrido al soterramiento de la vía. Una costosa acción que, en teoría, se financia liberalizando suelo y ofreciéndolo a promotores privados. Pero, según el fiscalizador, este proceso ha reportado menos ingresos de los previstos. A finales de 2016 los sobrecostes por acciones urbanísticas alcanzaban los 1.221 millones. También se produjo un incremento de 634 millones en gastos operativos.

Por estaciones, los mayores sobrecostes se localizan en la estación de La Sagrera de Barcelona (+547%), Alicante (+396%) y Cartagena (+282%). Especialmente relevante es el caso de la Ciudad Condal, donde una actuación que tenía un coste inicial de 533 millones ahora ronda ya los 2.167 millones de euros.

Este desembolso, sin embargo, no se ha traducido en un avance significativo de las obras previstas. De las trece ciudades analizadas, a 31 de diciembre de 2016, «solamente las actuaciones relativas al convenio de Zaragoza se encontraban prácticamente terminadas». El resto, excepto Logroño, no alcanza el 50% de lo programado. De hecho, en Almería, Cartagena, Murcia y Vitoria no se alcanza el 2% de lo previsto, En Barcelona, las actuaciones se paralizaron entre 2014 y 2018, «debido a la detección de irregularidades en su ejecución». En León, el proyecto se tuvo incluso que liquidar, mientras que en Logroño, Murcia y Valencia se están estudiando alternativas más viables a las presentadas.

Si bien no han acelerado la ejecución de los convenios, los sobrecostes sí han originado un desfase presupuestario significativo de estos proyectos, según el órgano de control. El Tribunal de Cuentas destaca que «la necesidad futura de financiación de todos los convenios que ascendía -en 2016- a 2.049 millones de euros, siendo especialmente significativo el déficit del Convenio de Valencia que, con 1.060 millones de euros, absorbía más de la mitad del déficit global».

Es por ello que el organismo propone al Ministerio de Fomento que estudie, junto con el soterramiento de las vías, «alternativas diferentes, en la que se tengan en cuenta factores socioeconómicos; y que, elabore planes de financiación de las actuaciones de integración del ferrocarril atendiendo a criterios realistas».

Menor ejecución

El departamento dirigido por José Luis Ábalos presentó alegaciones a este informe, según viene recogido en el texto elaborado por el auditor. Fomento reconoce un sobrecoste de 6.669 millones de euros en estas actuaciones, que en su opinión acumulan un retraso mayor de lo que refleja el Tribunal de Cuentas. Mientras el órgano de control refleja una ejecución del 29,39%, el Ministerio asegura que en realidad el porcentaje de ejecución es del 29,19%.

No obstante, Fomento asegura que a partir de 2017 la situación de estas sociedades ha cambiado radicalmente. «Se han producido acuerdos en los consejos que están propiciando el relanzamiento de las operaciones de integración», señala.

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