La tormenta del campo español sigue: los agricultores piden más a Sánchez
Asaja, UPA y COAG apuestan por «un plan de choque» con medidas adicionales en materia energética, fiscal y de seguros agrarios
El decreto aprobado el pasado martes por el Gobierno no logró parar el calendario de movilizaciones de las organizaciones agrarias, que ayer se manifestaron en las calles de Santander (Cantabria) y en León , donde más de 2.500 agricultores y ganaderos recorrieron el centro de esta ciudad. Asaja, COAG y UPA han confirmado a ABC que estas movilizaciones seguirán, al menos, hasta mediados de marzo.
Todo, a pesar de que desde estas organizaciones agrarias valoran el contenido de la norma impulsada por el ministro de Agricultura, Luis Planas. Sobre esta normativa, que será tramitada como proyecto de ley cuando sea avalada por el Congreso de los Diputados, piden que se complemente con medidas adicionales como el registro electrónico de los contratos ; la introducción de la figura del mediador para que «asista al productor en el reconocimiento de los costes y medie en la relación con la distribución y la industria», y se establezcan «controles exhaustivos» desde la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) para que se cumpla todo lo relacionado con los contratos.
En cualquier caso, Asaja, COAG y UPA plantean, en palabras de Miguel Blanco, secretario general de COAG, un «plan de choque» con reivindicaciones en materias como los costes energéticos, la fiscalidad o los seguros agrarios. En opinión del presidente de Asaja, Pedro Barato, que de la reunión mantenida con el ministro Planas el pasado martes, saliera el acuerdo de constituir cuatro mesas de trabajo sobre materias como las mencionadas les da la razón de que queda todavía mucho trabajo por hacer antes de dar por superada la crisis del campo.
Blanco (COAG) pone como ejemplo el «refuerzo» de los seguros agrarios , de tal forma que el presupuesto supere el incremento del 10% planteado desde Agricultura. En concreto, el representante de COAG, pide que se eleve la cuantía desde los 211 millones de euros actuales hasta los 350 millones de euros anteriores a la crisis económica.
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, llama la atención sobre sectores como el de las frutas, «que llevan dos o tres años perdiendo dinero , no tienen liquidez, y no pueden ir a un banco para pedir préstamos para la campaña». En este sentido, anima a que se pongan en marcha líneas de refinanciación para agricultores en dificultades, y recuerda «el compromiso del ministro Planas de mantener los módulos» . Además, se pronuncia a favor de medidas como la reducción de las tarifas de riego.
Pendientes de Bruselas
Tanto Eva Iglesias, profesora titular del Departamento de Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), como Mariano Íñigo, profesor de Marketing de EAE Business School, «el gran reto de la agricultura española se va a jugar en Bruselas , en la negociación de la PAC». Como explica Íñigo, «muchas producciones son deficitarias y no entran en pérdidas gracias a las subvenciones». A lo que se une la competencia con productos más baratos de terceros países, aunque Iglesias (UPM) cree que la clave está en que «se cumplan los contingentes» .
En cualquier caso, ambos expertos creen imprescindibles la necesidad de «reformas estructurales» en la cadena alimentaria para hacerla más eficaz. Por ejemplo, para la profesora de la UPM, se debería apostar por reforzar los seguros agrarios y la digitalización del sector, así como promover el uso de la bioenergía o el autoconsumo energético, entre otras medidas.
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