ENTREVISTA A JUAN ROSELL

«Subir impuestos puede retrasar decisiones de inversión y empleo»

El presidente de la CEOE dice que la economía está en una desaceleración clara y que es momento de recortar deuda y déficit no de gastar más y de subir impuestos. «Vamos por el camino equivocado», afirma

«Hoy funciona como una empresa», dice de la organización empresarial Ignacio Gil
Susana Alcelay

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Dejará en noviembre la presidencia de la CEOE después de ocho años, los que el mismo se autoimpuso. Ha convivido con tres gobiernos y sorteado dos crisis, la económica y la de la organización que todavía dirige. Dice que ha intentado siempre hacer las cosas bien y se marchará satisfecho. Pero antes de hacerlo tendrá que lidiar con un alza de impuestos a las empresas que, ya avisa, podría dañar el empleo y las inversiones.

—¿Qué opina del Presupuesto pactado entre el Gobierno y Podemos ?

—No son los presupuestos que necesita la economía. Se plantea más gasto, pero no en inversión, y se trata de financiar con subidas de impuestos, sobre todo a las empresas. En un contexto de clara desaceleración económica lo que necesitamos es equilibrio presupuestario para recortar el déficit y la deuda. Vamos por el camino equivocado.

«En 2017 firmamos un pacto con el Gobierno para subir el salario mínimo hasta 2020. Todo ha saltado por los aires. Es una burla la diálogo social»

—¿Cómo están viviendo las empresas el hachazo fiscal que viene?

—Una cosa es la batería de subidas que se quiere poner en marcha y otra lo que se va a conseguir. Los empresarios hemos sufrido alzas importantes de impuestos y ahora se dice que no se paga impuesto de sociedades. Es verdad que se recauda la mitad que en 2007 cuando se obtuvieron casi 45.000 millones. Pero entonces la tarifa era el 35% y ahora del 25%. La construcción también daba grandes beneficios y, en general, aquel año tuvimos ganancias excepcionales. Si ahora se mira el porcentaje respecto al PIB que representa el impuesto es similar al del resto de Europa

—¿Teme que ese alza de impuestos repercuta en el empleo?

—Por supuesto. Estos anuncios de incrementos de la carga fiscal a las empresas provocan inseguridad jurídica que pueden retrasar las decisiones de inversión y, eso, sin duda, puede tener su impacto en la creación de empleo.

—El Gobierno se ha saltado el diálogo social. Subirá el salario mínimo sin contar con los agentes sociales.

—En efecto. En 2017 firmamos un pacto con Gobierno y sindicatos para fijar una senda de crecimiento del SMI hasta 2020 razonable y acompasada al crecimiento de la economía. También en el último Acuerdo de Negociación Colectiva recogíamos nuestra recomendación de ir mejorando el salario mínimo dentro de las posibilidades de sectores y empresas. Todo esto ha saltado por los aires. Es una burla al diálogo social.

«Es necesario tomar medidas difíciles para asegurar el sistema de reparto de las pensiones y los políticos miran para otro lado»

—En algunas medidas hay más golpe de efecto que efectividad, como en el caso de subir el IRPF a rentas superiores a 130.000 euros.

—Sí, porque la recaudación es mínima. Vimos lo que ocurrió en Francia con el impuesto a las grandes fortunas. Si a las grandes rentas les ponen trabas son las que tienen más fácil hacer un movimiento. Con los impuestos hay que tener mucho cuidado porque estamos en Europa y cualquier movimiento puede forzar que las empresas se deslocalicen y, una vez que lo hacen, ya no vuelven. De todas formas, hay muchas propuestas que no son concretas ni estudiadas.

—¿Huyen ya de España los inversores?

—Mientras que no nos pasemos de los límites y nuestra fiscalidad se mantenga pareja a la Europa los inversores no moverán ficha. Hay mucho ruido nacional en este momento pero lo que nos debe preocupar es de lo que no se habla, de cómo gestionamos mejor, cómo con menos podemos hacer más, como, en definitiva, controlamos el gasto. La reforma pendiente continúa siendo la de la Administración, que sigue sin digitalizarse, sin utilizar instrumentos de gestión modernos.

—No hay desaceleración económica según el Ejecutivo.

—Hay una desaceleración clara de la economía y del consumo interno evidente. Hay que reconocer que venimos de unos datos de creación de empleo espectaculares. Desde 2014 cada año se han generado en torno a 500.000 de puestos de trabajo, por encima del 3% de crecimiento. Es difícil que se mantengan esos dígitos.

—Dicen los economistas que en los momentos de más crecimiento es cuando hay que ajustar gastos y ahorrar.

—Y hacer reformas. Hay que legislar mejor y menos, también analizar que competencias se han transferido a las autonomías y ver cómo podemos conjuntamente gestionarlas mejor. Hay que hacer cosas pero muchas de ellas impopulares. Y en esta situación de debilidad política y de minorías parlamentarias es imposible.

—La reforma laboral se va a suavizar por acuerdo entre los agentes sociales. ¿No hace falta entonces más reforma laboral?

—Vamos a ver qué planteamientos nos hacen Gobierno y sindicatos sobre esos cambios en la reforma laboral, pero no olvidemos que con esta legislación laboral se están creando medio millón de empleos. Por lo demás, la legislación debe ir guiada por la realidad de mundo

«Hay que tener cuidado con las subidas impositivas porque pueden provocar que las empresas se deslocalicen y no vuelvan»

de la empresa. Y en ese sentido hay que profundizar, analizar lo que no acaba de funcionar y reformar.

—¿Por ejemplo?

—La contratación debe tender a la estabilidad, pero con un pacto de salida en función de las necesidades de la empresa. Habría que usar más el tiempo parcial y acercarnos a países como Holanda, donde estos contratos supone el 40% del total. Y tender hacia a nuevas estructuras salariales, con partes fijas y variables.

—España está entre los países con más precariedad laboral.

—Somos un país de servicios y esto provoca inestabilidad. Habría que plantear nuevos instrumentos legales que penalicen algunos contratos.

—¿Las indemnizaciones por despido quedaron ajustadas tras la reforma de 2012?

—Siguen estando entre las más altas de Europa pero ahora no son el problema. Es más importante adaptarse a la realidad de la economía. Por ejemplo, evitar que despedidos con una indemnización de 500.000 euros puedan cobrar el paro dos años. También reformar los servicios públicos de empleo porque no funcionan y son un despilfarro de dinero y de personal. A los funcionarios habría que formarlos para que a su vez formaran a los parados porque hoy menos del 3% de desempleados encuentra trabajo por esta vía. Pero hay que tener valentía política para cambiar lo que no funciona. Lo mismo ocurre con el absentismo. No es lógico que un millón de trabajadores falte cada día a su empleo y que esto tenga un coste extraordinario para la economía. Podrían producirse ahorros importantes en un momento en el que decimos que no tenemos dinero para las pensiones. Seamos serios.

—¿El problema de las pensiones se va a solucionar con un impuesto a las transacciones financieras?

—Indudablemente no. Los datos son los que son. La «hucha» llegó a tener 70.000 millones y ahora apenas 8.000. Las cotizaciones no van a ser capaces por sí solas de pagar las pensiones, por lo que habrá que buscar fórmulas creativas que no pasan por subir las cotizaciones.

—¿Es viable el sistema de reparto?

—Sí, pero habría que tomar medidas difíciles que afectan a millones de personas y los políticos miran para otro lado. En 2000 las pensiones se repartían 57.000 millones y ahora son 144.000 millones. No se puede decir que no haya crecido el gasto estos años. Y si comparamos las pensiones españolas con las alemanas o francesas, cuando se accede a la jubilación en España se percibe un porcentaje alto del último salario.

«No se pueden hacer reformas teniendo que pactar el voto todos los días de la semana»

—La economía sigue creando empleo, pero los sueldos apenas se recuperan.

—La retribuciones salariales están en recuperación y los salarios de convenio también. Cada vez más empresas suben los sueldos, sobre todo grandes y medianas. Las pequeñas tardarán más porque muchas aún tienen bases imposibles negativas.

—El clima no parece el más propio para abordar los retos pendientes...

—La mayoría parlamentaria es inestables e impide hacer cambios porque hay que ir a pactar el voto todos los días de la semana para poder sacar una ley. La única forma de hacer reformas auténticas es con grandes mayorías.

—Llegó a la CEOE en momentos muy delicados, tras la salida de Díaz Ferrán. ¿Qué se encontró y como dejará la patronal?

—He logrado hacer cambios profundos con consenso. Veníamos de una etapa con un presidente que se mantuvo en el cargo muchos años y pensábamos que era el momento de empezar otra fase, por eso limité a ocho años los mandatos. Llegue a la CEOE en un etapa muy difícil y llena de dificultades, pero hoy puedo decir que la organización ha dado un giro muy importante. Hoy funciona como una empresa. Tenemos gobernanza, auditorías y rendición de cuentas.

-¿Se marcha satisfecho?

—Los años de crisis fueron muy duros. Siempre he intentado hacer las cosas pensando en la organización y con la máxima discreción, haciendo mucho y explicado la mitad. Y solo puedo hablar bien de todos los gobiernos.

—¿Qué quedará con los años de la gestión de Rajoy?

—En los momentos de la crisis actuó de forma inteligente. Hizo lo que tuvo que hacer, con los tiempos y pausas necesarias. La historia lo está empezando a reconocer.

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