El sector energético busca luz en su laberinto

La llegada de inminentes cambios regulatorios y el camino hacia la descarbonización abren una nueva era. Una ocasión de reordenar una actividad sumida en una confusión que tiene en el indescifrable recibo de la luz su mejor reflejo

MADRIDActualizado:

Es un secreto a voces que entender de un vistazo un recibo de energía eléctrica en España no es cosa fácil, más que nada porque a través del recibo abonamos casi de todo. En España, solo el 40% de lo que pagamos en la factura de la energía tiene que ver con nuestro consumo de electricidad real ya que el resto es una especie de «tótum revolútum» en el que están los peajes o costes regulados por el Gobierno (subvenciones a las renovables, distribución, transporte, compensación a las extrapeninsulares, amortización del déficit de tarifa y bono social), partidas que en conjunto suman otro 40% y a las que hay que sumar un impuesto especial de la electricidad del 5,11% de la facturación y luego el 21% de IVA, aspecto este último que ha sido muy criticado también porque se le aplica el IVA a una cantidad que a su vez es resultado de la aplicación de un impuesto anterior.

Este recibo laberíntico es la imagen gráfica de la situación de un servicio que acumula peajes y rémoras fruto de una herencia normativa cuestionada. Pero la mejora económica y el proceso descarbonización que impulsta la revolución tecnológica podrían marcar un antes y un después en la industria. La opción de poner el contador a cero es algo que el sector ha pedido unánimemente desde hace años: una «limpieza» del recibo, de modo que los consumidores paguen solo lo que está relacionado con el consumo de energía, y reasignar el resto de cargas a los Presupuestos Generales del Estado.

Iberdrola: «la descarbonización es imparable y por eso hemos pedido cerrar dos centrales»

Pero el campo en el que se juega el futuro del sector es mucho más amplio. Su situación, y la polémica que le envuelve desde hace unas semanas a raíz de los planes que ultima el Gobierno para él, fue el tema principal de un reciente debate en el IESE en el que participaron representantes de las principales energéticas del país, expertos y reguladores. Nemesio Fernández-Cuesta, ex secretario de Estado de Energía, se mostró optimista durante la conferencia sobre la posibilidad de lograr un acuerdo que simplifique de una vez por todas la factura de electricidad.

Por su parte, Julio Castro, director global de regulación de Iberdrola, coincidió con el resto de participantes en que «el 50% de lo que se paga no corresponde con el consumo de electricidad, porcentaje que está muy por encima de la media de la Unión Europea, por lo que es el momento de arreglarlo porque, de lo contrario, no se podrán resolver ninguno de los problemas que tiene actualmente el sector. Estamos enfermos de déficit y ahora tenemos un exceso de impuestos y costes y hasta que no nos liberemos de esta losa estaremos paralizados y enfermos como sector». Castro, con la claridad de expresión que le caracteriza, propuso como solución pasar alguna de las partidas que van añadidas en el recibo a los Presupuestos Generales del Estado, «como han hecho en Canadá y en Francia, donde las renovables son financiadas por los hidrocarburos y algunos otros costes han sido cargados a los Presupuestos». El representante de la eléctrica vasca insistió en que «luego estudiaremos la electrificación y la descarbonización, pero primero nos tenemos que curar de la enfermedad».

Desde Gas Natural Fenosa, José María Egea, director general de Planifiación Energética, reconoció que «el tema del precio de la electricidad suscita ampollas, sobre todo por el impacto que tiene en las empresas, ya que no hay que perder de vista que es un factor de competitividad, aunque en la actualidad la tarifa eléctrica industrial que hay en España no está entre las más caras de Europa ya que, en el primer semestre del año pasado, fue un 14% más baja que la media». En relación con el debate suscitado de a quién deben imputarse los costes extra que vienen en el recibo de la luz, Egea apuesta porque «se vaya retirando de manera paulatina la fiscalidad al sector eléctrico y gasista».

La nuclear es la energía que más peso tiene en el mix español, el 22,6% del total en 2017

Las organizaciones de consumidores, por su parte, llevan mucho tiempo reclamando la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente «una tarifa asequible», dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de generación español «fomenta la especulación y los abusos», según Facua.

En cuanto al precio de la electricidad en sí mismo, la mayoría de los participantes coincidió en que a medio plazo irá bajando. Según Egea, «en el año 2030 el coste medio de la electricidad será el 50% del actual, lo que permitirá la descarbonización y el cierre paulatino de las centrales de carbón y de las nucleares». Para avanzar en este proceso hacia la descarbonización Fernández-Cuesta se mostró partidario de «hacer cambios regulatorios de aquí a 2020, de modo que se sustituyan los pagos por capacidad por otros a la producción de ciclo combinado de gas». Desde Iberdrola, Castro explicó que «la descarbonización es un proceso imparable y por eso hemos pedido el cierre de las centrales de Asturias y Palencia. El presente y el futuro es renovable, van bajando los costes y ahora lo que hay que mejorar son las cadenas logísticas».

Hablar de la descarbonización lleva de manera inmediata a pensar en el mix energético, que en el caso de España sigue estando dominado por las nucleares. El año pasado, y por cuarto consecutivo, fueron las nucleares las que generaron más electricidad, concreamente el 22,6% del total. En segundo lugar quedó la eólica, esta ya renovable, con un 19,2%. Ambas energías, que son las más baratas junto con la hidráulica, perdieron tres décimas respecto a 2016.

Lo que llama la atención del balance de 2017 es que el carbón haya seguido manteniendo una cuota elevada, nada menos que de un 17,4%, después de haber subido un 3,1% respecto a 2016, arrebatándole así el tercer puesto del podio a la energía hidraútilica, que el año pasado bajó hasta el 7,3% de la generación total, un 50% menos que sus porcentajes habituales. Por su parte, los ciclos combinados de gas generaron el 13,8% del total, un 3,3% más que el año anterior, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

El hecho de que el carbón tuviera tanto protagonismo, pese a que junto con el gas son las dos tecnologías más caras, se debió a que el año pasado fue especialmente seco en España y tampoco hubo viento, lo que obligó a que funcionaran más horas las centrales con este tipo de energías.

Nada, contra los cierres

Desde el Gobierno, el titular de Energía, Álvaro Nadal, ha repetido en varias ocasiones que tanto la energía nuclear como el carbón son imprescindibles en el mix energético del país (ver gráfico adjunto), hasta que de manera paulatina nos convirtamos en un país renovable desde el punto de vista de la generación de la energía, lo que está previsto que suceda en 2050.

Las tesis del Gobierno han sido apoyadas por algunos expertos. Un reciente informe de Deloitte señala que «es necesario mantener en funcionamiento las plantas de generación de energía convencionales a medio plazo para asegurar una transición energética eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6.800 millones de euros». Además, añade que «en escenarios de alta electrificación el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros. En estos mismos escenarios el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones de euros en nuevas centrales de respaldo, mientras que la no extensión de la vida operativa de las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3.000 millones». Es precisamente el fuerte peso del carbón en el mix en el que ha basado el ministro Nadal su negativa a la petición de Iberdrola de cerrar las mencionadas centrales de Asturias y Palencia.

Con lo que no contaba el ministro es que el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se despachara a finales de enero con un dictamen que era un misil en la línea de flotación de su plan para evitar el cierre de centrales de carbón. Mariano Bacigalupo, profesor de la UNED y consejero de la CNMC, aseguró que «nuestro pronunciamiento, que fue consultivo, llegó a la conclusión de que no había ningún problema de seguridad en el suministro y por tanto no había ninguna urgencia, a lo que se une que el cierre temporal de instalaciones no está contemplado aunque, de haberlo estado, podría haber ahorrado hasta 170 millones de euros a los consumidores». En el mismo sentido, Bacigalupo añadió que «no hay compatibilidad entre la denegación de cierre con el artículo 3.2 de la normativa española y la europea relativa a que las reglas de mercado deben permitir normas de entrada y de salida de las empresas de generación porque, de lo contrario, habría una inseguridad jurídica permanente».

En relación con el cambio del mix que ha generado ríos de tinta en nuestro país, Luis Atienza, miembro de la comisión de expertos para la transición energética, consideró, también en la mencionada jornada, que «el reto de la descarbonización y el cambio tecnológico nos sitúa bien, ya que va a suponer un cambio extraordinario que nos permitirá alinear competitividad y seguridad en el suministro. No hay que perder de vista que la nueva generación de producción de energía renovable fotovoltaica es más barata que el coste variable de la energía térmica a la que sustituye. Desde mi punto de vista, creo que el mercado perderá precio y entonces será necesario fortalecer los mercados de ajuste en los que participe y no solo en generación, sino también los agregadores de la demanda y la distribución».

La espinosa fiscalidad

Y hablar de descarbonización y de cambio de mix lleva irremediablemente a la fiscalidad, un asunto siempre espinoso pero que ha contribuido al diseño del modelo energético español, sobre todo en el reparto de los costes del déficit de tarifa. Atienza en este extremo se mostró partidario de «revisar la fiscalidad para repartir mejor los costes de la descarbonización, de tal modo que no distorsionen las opciones entre los distintos productos energéticos». En materia de tecnología Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners y también de Madrileña Red de Gas, aseguró que «estamos ante una nueva transición energética, por lo que tiene mucha importancia la regulación y hay muchos riesgos derivados de la tecnología».

Sobre lo que hay consenso es que el sector energético está en un momento de profundo cambio. Vicente López-Ibor, presidente de la Federación Europea de Derecho de la Energía, afirmó que «está apareciendo un nuevo diseño en el mercado energético, más flexible, innovador, próximo y atractivo al consumidor, que ganará la libertad».

Coste de desmantelamiento

Energía está intentando, mediante enmiendas en el Senado o por otras vías, que las propietarias de las nucleares —las eléctricas— asuman el coste de desmantelar las centrales cuando se clausuren, algo de lo que se encarga ahora la empresa pública Enresa. El ministerio está buscando apoyos en los partidos. También quiere recortar los pagos a la distribución y el transporte del gas y la electricidad: el recorte solo rondaría las decenas de millones.

Entre los países más caros de la UE

La oficina estadística europea, Eurostat, ha dejado meridianamente claro que España tiene unos precios de la energía que están entre los más caros del Viejo Continente. Con impuestos incluidos, España registró un coste de 23 euros por 100 kilovatios hora en el primer semestre de 2017, precio solo superado por los 30,5 euros de Alemania y Dinamarca y los 28 euros de Bélgica. Y se encuentra en los mismos niveles que Irlanda, con 23,1 euros, y Portugal, con 22,8. Pero sin impuestos España sale aún peor en la estadística, ya que España figura como el país más caro junto a Irlanda y Bélgica. Una vez más, los expertos achacan al recibo de luz tan especial que hay en nuestro país, por el que pagamos toda una serie de conceptos que no tienen nada que ver con lo que hemos consumido, nuestra posición en la estadística.