El Gobierno trabaja contra reloj para reformar la estiba antes de las elecciones
Las empresas piden seguridad jurídica para mantener el aumento del tráfico
La convocatoria de elecciones ha aparecido de forma súbita en el horizonte de España . Y ha dejado en el aire las reformas que reclama la economía para mantener el rumbo. Sin embargo, el Gobierno ya ha anunciado que intentará, hasta el último momento, aprobar las reformas que no ha podido sacar adelante en los últimos ocho meses.
La reforma de la estiba se encuentra en este grupo. Este miércoles, la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de todos los grupos políticos, una proposición no de Ley que hace referencia a la necesidad de reformar de una vez por todas el sector de la estiba. La intención del Ejecutivo es que esta medida se complete antes de final de año.
El real decreto-ley que aprobó el Gobierno el 14 de mayo de 2017 liberalizaba el sector y daba un año para adecuar los convenios colectivos a la nueva regulación. Pero esta no quedaba del todo clara, ya que determinados aspectos de la ley, como las ayudas para prejubilaciones de trabajadores o la constitución de los nuevos Centros Portuarios de Empleo (CPE) no se desarrollaban en profundidad. El propio real decreto-ley condicionaba su aplicación a la aprobación de un reglamento posterior que lo desarrollase.
Casi dos años después, este reglamento sigue sin llegar. En mayo del año pasado -cuando faltaban escasas semanas para que venciera el plazo de un año concedido para reformar el sector- los estibadores advirtieron de que retomarían los paros si no se producían avances en este sentido. ¿La razón? Estos trabajadores denunciaban que muchos convenios colectivos no se estaban cerrando por la ausencia de un marco regulatorio estable. Por tanto, era imposible para ellos cumplir con el plazo de un año que establecía el decreto para adaptarse a la nueva norma.
El Ejecutivo de entonces intentó calmar las aguas ampliando en seis meses el plazo de negociación a partir de la entrada en vigor del real decreto. Además, aseguró que el reglamento estaba a punto de aprobarse. Y entonces, como ahora, un tsunami político borró de un plumazo la posibilidad de avances: la moción de censura de Pedro Sánchez .
Durante los últimos meses, los estibadores reconocen que «se han producido avances». «Ha habido muchas reuniones que no han trascendido. Algunos puertos ya han adaptado su convenio y otros están en proceso de hacerlo. Pero la incertidumbre jurídica sigue ahí. Ahora incluso se planteaba la opción de que se elabore un nuevo decreto», explican fuentes sindicales.
Y es que, si bien todavía no ha sido desarrollado, el real decreto con el que se reformaba la estiba ha despertado recelos entre distintos organismos. Uno de ellos ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ha asegurado que esta norma es contraria a la competencia e incluso ha abierto un expediente sancionador contra la patronal del sector Anesco y los sindicatos Coordinadora, CC.OO., UGT, ELA y la CIG.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha criticado con dureza la reforma del sector de la estiba
Desde Puertos del Estado destacan que «se ha creado un grupo interministerial para analizar la reforma de la estiba en el que están presentes el Ministerio de Fomento, el de Hacienda y el de Economía». Eso sí, desde el ente público reconocen que, sea cual sea el reglamento que se apruebe finalmente, «este tendrá que contar con el visto bueno de la Comisión Europea».
Además de este procedimiento, Puertos del Estado tenía previsto poner en marcha un nuevo marco estratégico del sistema portuario estatal. Una reforma del sector que había comenzado con la elaboración de una vasta consulta a las empresas del sector sobre el futuro del sistema portuario español.
«También se ha preguntado a las administraciones implicadas. La idea, tras una primera recogida de opiniones, era tomar medidas y discutir en el Parlamento las posibles mejoras que necesita el sistema».
Estas encuestas reflejan un sistema polarizado. Tal y como destacan desde Puertos del Estado , las terminales grandes reclaman mayor autonomía para poder fijar libremente sus tasas. Incluso plantean la posibilidad de agruparse para lograr este fin. «Pero, al mismo tiempo, los puertos pequeños reclaman fortalecer el sistema portuario actual», aseguran desde el organismo público. La encuesta, aún así, va mucho más allá de la territorialización de las terminales portuarias.
Así, desde la patronal del sector, Anesco, abogan por incrementar la competitividad de los puertos nacionales, mitigando «la hiperregulación normativa y el incremento de presión fiscal sobre empresas, que dificultan el emprendimiento de proyectos». Según Anesco, de esta forma se podrá hacer frente a la«fuerte competencia entre puertos internacionales».
En principio, todas estas respuestas se iban a poner en común en septiembre. Pero ahora este proceso quedará condicionado al resultado que salga de las urnas el próximo 28 de abril. Tanto para establecer certezas jurídicas como para reformar el sistema, los puertos de Españ a (también) reclaman estabilidad política.
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