Rato achaca al Banco de España y el Gobierno la salida a Bolsa de Bankia
El tribunal mantiene en el juicio a las acusaciones populares, pero retira la acusación de delito de falsedad contable contra BFA-Bankia y Deloitte
Rodrigo Rato se escuda en el Banco de España y el Gobierno para defender su actuación en Bankia. En su reaparición tras su ingreso en prisión por las tarjetas "black", Rato ha achacado la fusión de las siete cajas que dieron lugar a BFA-Bankia al criterio del supervisor bancario, que les marcó el camino sin darles otra opción, según sus propias palabras, y la salida a Bolsa a los requisitos legales que impuso el Gobierno de Rodríguez Zapatero por decreto ley. El expresidente del cuarto grupo bancario del país y exvicepresidente del Gobierno está declarando este martes en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad en 2011, una vista oral que analiza el salto al parqué de una entidad cuyo rescate bancario amenazó a toda la economía española en 2012.
Apoyado en carpetas de apuntes, el antiguo ministro de Economía ha relatado como el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez , conocido como Mafo, le telefoneó en mayo de 2010 y le reunió en su despacho con el subgobernador de la época, Javier Aríztegui, y el antiguo presidente de Bancaja, José Luis Olivas , la caja de ahorros más problemática de las siete que se fusionaron. "El gobernador y el subgoberandor me dicen que consideran Bancaja debe incorporase al SIP (fusión fría que Caja Madrid negociaba con otras cinco cajas menores) y que empezemos a negociar, y que si es necesario nos ceden el despacho. Y con esa instrucción empezamos a negociar", ha relatado Rato a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.
"Nos dio los pasos que teníamos que dar, no tuvimos muchas opciones", ha manifestado Rato sobre el supervisor bancario, que no se sienta en el banquillo de los acusados en este procedimiento, añadiendo que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya sometía a la entidad a un control trimestral del plan de negocio a raíz de las ayudas de 4.695 millones de euros que ya le había dado para el proceso de integración.
La fiscal Carmen Launa ha interrogado al expresidente de la entidad sobre las posibles deficiencias contables que arrastraban la entidad y que no habrían sido correctamente afloradas durante la fusión. Rato ha insistido en varias ocasiones que el Banco de España, a raíz de sus inspecciones periódicas, comunicó a la entidad que "las cajas eran fundamentalmente sólidas y su proyecto de integración consistente y viable". El expresidente ha asegurado además que la entidad cumplió con creces con las provisiones y saneamientos que el Banco de España les exigió por carta. "No tengo constancia de que nunca el Banco de España nos hubiese dicho que hubliésemos incumplido ninguna ratio, y de lo que tengo constancia es que se nos dijo que con las aportaciones del FROB y los saneamientos que hacíamos nosotros estábamos cubiertos", ha reiterado.
Rato ha llegado a defender que bajo su dirección la entidad hizo un esfuerzo de saneamiento mayor del que le exigía el FROB, unos 8.200 millones de euros, y el informe de integración eleborado por Deloitte y AFI; encargó un informe adicional a Pwc, que desvela unos saneamientos necesarios de 11.500 millones, y finalmente hacen dotaciones por unos 13.000 millones. "La única decisión que tomamos distinta de lo marcado por el FROB fue hacer más provisiones", ha dicho, explicando que tomó esa decisión porque contemplaban un escenario de crisis peor del previsto. "Fuimos más conservadores", ha dicho, escudándose por tanto también en el endurecimiento de la crisis y por tanto un deterioro económico de una magnitud imprevista.
El antiguo vicepresidente del Gobierno, que se encuentra encarcelado por su condena por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, ha rebatido con dureza, incluso soberbia, los argumentos de la fiscal. Rato ha cuestionado el diagnóstico que la representante del Ministerio Público ha leído sobre lo que pensaba entonces el Banco de España, que según él no coincide con la posición oficial del supervisor. "Tendrá usted que preguntar al Banco de España", le ha espetado el acusado por la salida a Bolsa. Rato ha explicado que la fusión se diseñó ante las exigencias de capital que requería la autoridad bancaria europea.
El procesado, que se sienta en el baquillo de los acusados junto a una treintena de exconsejeros y exdirectivos de la entidad, así como los representantes de la propia entidad y la firma auditoria Deloitte, no solo se ha escudado en el Banco de España, sino también en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, recordando que el real decreto de febrero de 2011 que obligaba a las cajas a tener un nivel de capital mínimo del 8% o el 10%, lo que en el caso de Bankia implicada su debut bursátil. "Hubo un consejo de administración en el que pusimos la televisión para escuchar a la ministra de Economía, Elena Salgado, anunciar esa medidas exigía salir a Bolsa. Sabíamos que los plazos eran muy cortos, teníamos escasos cinco meses. Ni siquiera sabíamos el nivel de capital a captar, porque dependía de lo que nos impusiese el Banco de España. Estábamos en manos de los reguladores y de la norma", ha explicado.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la salida a Bolsa fue una estafa a los inversores, al contener el folleto informativo de la operación datos falseados que buscaban engañar a los accionistas en busca del mayor capital posible. El Ministerio Pública acusa por este delito a Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella, y no descarta añadir el delito de falsedad contable en la última fase del juicio, una acusación que afectaría a los restantes 26 antiguos consejeros acusados, y a las propias entidades Bankia y BFA . Las sociedades seguirán presentes en el banquillo de los acusados, después de que el tribunal haya mantenido en el juicio a todas las acusaciones populares y particulares.
Aun así, al resolver las cuestiones previas, la Audiencia Nacional ha puntualizado que las personas jurídicas no pueden ser responsables del delito de falsedad contable, razón por la que Bankia, su matriz BFA, y la auditora Deloitte solo serán enjuiciadas por el delito de estafa, que le atribuyen algunas de las acusaciones. Bankia invocó la "doctrina Botín" para tratar de quedar exonerado antes de que el juicio se adentrara en el debate de los argumentos. La entidad cuya salida a Bolsa se cuestiona fue finalmente rescatada con más de 22.424 millones de euros de dinero público, de lo que se ha recuperado unos 2.864.
