El Gobierno saca adelante el hachazo a la pensión de las madres y la batalla se traslada a las enmiendas

El PP denuncia en el Congreso un recorte «sin precedentes» mientras el PSOE agradece a ERC una abstención clave

El ministro Escrivá durante su intervención en el Pleno EFE

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El Gobierno ha logrado por la mínima (168 síes frente a 164 noes) el respaldo del Parlamento para consagrar un recorte sin precedentes en la pensión de las mujeres trabajadoras. La batalla se dará ahora en al periodo de enmiendas, tras haberse aprobado el real decreto para reducir la brecha de género con la condición de que sea tramitado como proyecto de ley. Los principales partidos de la oposición han rechazado el complemento de maternidad diseñado por el ministro Escrivá, aunque la abstención de ERC ha facilitado finalmente el camino parlamentario del texto. Un decreto que, sin embargo, ya ha sido denunciado ante Bruselas por las principales asociaciones de familias numerosas que consideran que el nuevo extra discrimina a las mujeres con rentas más modestas con tres hijos o más.

El PP se ha mostrado muy crítico con el Gobierno y ha denunciado el recorte «sin precedentes» escondido en un real decreto «batiburrillo», en palabras del diputado popular Tomás Cabezón . «Ejecuta su primer recorte y ha empezado usted por las madres», le ha remarcado Cabezón a Escrivá. También la diputada de Vox Inés María Cañizares ha ironizado sobre cómo «un Gobierno feminista y progresista que recorta las pensiones de las mujeres», y sobre su ensañamiento con «las mujeres con más hijos, las que más contribuyen al invierno demográfico». «Quieren acabar con las familias«, ha remarcado Cañizares. Desde Ciudadanos, la diputada Sara Giménez ha criticado que se beneficie a unas madres a costa de otras y ha apostado «por políticas que fomenten la natalidad como elemento clave para garantizar el futuro de España».

A última hora de anoche, varios grupos que suelen respaldar parlamentariamente al Ejecutivo, como ERC o Bildu, seguían sin tener clara su posición de cara a la votación de hoy . Las negociaciones dieron sus frutos con ERC, que finalmente se ha abstenido -acción que ha sido agradecida expresamente por la socialista Magdalena Valerio en su intervención-, pese a que ayer planteaba rechazar el texto. Los republicanos han remarcado en el Pleno que «no es justo» el castigo a las familias con más hijos pero han confiado en poder mejorarla norma vía enmiendas. Y le han mandado un mensaje claro al Ejecutivo de cara a próximas votaciones: «La cuerda se puede romper como ha estado a punto de pasar hoy» . También Bildu se ha decantado por la abstención y ha aplazado la batalla a las mejoras en la tramitación.

La reforma de Escrivá carga las tintas sobre todas las madres de familias numerosas con más de mil euros de pensión , pero son especialmente castigadas las mujeres con cuatro hijos que más han aportado a las arcas públicas y reciben una pensión máxima del sistema, ahora en 2.707 euros brutos mensuales (37.904,86 euros al año). Las madres que se jubilen a partir de ahora y comiencen a percibir el complemento por maternidad diseñado por el Gobierno verán mermada la prestación complementaria hasta en un 73%. Con la reforma que diseño la exministra de Trabajo, Fátima Báñez , el complemento que hubieran recibido se acercaba a los 6.000 euros; con la del el titular de la Seguridad Social se quedará en 1.512 euros.

El nuevo complemento de maternidad supone un vuelco respecto al que estaba en vigor antes del pasado jueves. En 2016 el Gobierno del PP puso en marcha ayudas para las madres con dos o más hijos con el objetivo de corregir una la «discriminación histórica» que han sufrido las mujeres en España. Este extra consistía en un 5% más de prestación para madres con dos hijos; del 10% cuando fueran tres hijos y en caso de cuatro o más, este complemento llegaba hasta el 15%. Atendiendo a las recomendaciones europeas el titular de la Seguridad Social ha generalizado una nueva ayuda de 378 euros anuales por cada hijo, que recibirán tanto el padre como la madre. La prestación adicional se reconocerá en todas las modalidades de pensión -esto es, en la jubilación, la jubilación anticipada voluntaria, la incapacidad permanente y la viudedad-. La excepción llega en el caso de la jubilación parcial. En el modelo anterior el complemento no lo percibían las mujeres que se hubieran jubilado de manera anticipada.

Además de PP y Vox, en el ‘no’ se ha situado también Ciudadanos y socios estratégicos y preferentes de Pedro Sánchez como el PNV, que denuncia la invasión de competencias que esconde la medida tanto en las pensiones como en el Ingreso Mínimo Vital que, recuerdan desde el grupo vasco, aún no ha sido transferido pese a que se acordó el traspaso para el pasado mes de octubre. La posibilidad de que el real decreto no sume los síes necesarios lleva inquietando toda la semana al Ministerio de Seguridad Social , que mantuvo conversaciones con los grupos para intentar limar diferencias y asegurando una tramitación de la norma ágil como proyecto de ley.

Las críticas de la oposición también han hecho referencia al modo de negociación que está caracterizando al ministro Escrivá. Tanto el PP como el PNV le han recriminado que una propuesta como esta no haya pasado antes por el Pacto de Toledo y le han advertido al ministro que esta comisión no puede ser «el escudo para que haga y deshaga». En esta misma línea se ha posicionado el PdeCat, que ha denunciado la forma en la que el real decreto ha llegado a la cámara, uniendo diferentes materias para plantear un debate moral a los grupos.

Y es que este decreto también incluye una flexibilización en los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), modificando el criterio de unidad de convivencia para facilitar el acceso de personas vulnerables. Según Escrivá, se han denegado unas 60.000 solicitudes a hogares que cumplían todos los requisitos salvo el de acreditar la unidad de convivencia y con estos cambios se busca ampliar incluir a más de ellos.

También el decreto recoge la consideración del SARS-CoV-2 como enfermedad profesional para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios que en el ejercicio de su profesión se hayan infectado desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) «hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria».

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