El PSOE asegura que no apoyará el decreto de reforma de la estiba en los actuales términos

El pasado viernes el Gobierno aprobó el real decreto-ley para la reforma del sector de la estiba, una norma que debe pasar ahora por el tamiz del Congreso de los Diputados y lograr una mayoría simple para su convalidación. Como se temía, esta tramitación no va a estar exenta de complicaciones. El PSOE, una pieza clave en dicho proceso, ya ha anunciado que se opone a la reforma propuesta por el Ejecutivo.

El portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, ha afirmado este lunes que su partido no apoyará la convalidación del real decreto de reforma del sector de la estiba y ha augurado que el texto «va a tener dificultades de tramitación en las Cortes».

«En estos términos, evidentemente (con el PSOE) no pueden contar», ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Ep, en la que también ha precisado que no ha habido ninguna conversación sobre este asunto entre el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el presidente de la Gestora, Javier Fernández.

Además de recalcar que lo lógico habría sido llegar primero a un acuerdo con trabajadores y patronal y regularlo después, ha defendido que la liberalización del sector «no puede ser a costa de las condiciones laborales de los trabajadores» y que «hay que respetar los derechos adquiridos».

Según su análisis, la directiva europea habla de «entrada y salida de esa actividad» pero hay que exigir que se mantengan «las condiciones de los trabajadores que están hoy» y el Gobierno está «despreciando esta cuestión».

La mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Podemos, ERC y los integrantes del grupo mixto, que se han mostrado abiertamente en contra, no han clarificado si apoyarán o no al Ejecutivo en dicha tramitación parlamentaria. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apelado en repetidas ocasiones a la «responsabilidad» de las formaciones para evitar que el Tesoro Público se vea abocado a afrontar la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 134.107 euros diarios, que se suman a los 21,5 millones ya acumulados, si España no rompe el monopolio laboral de los estibadores.

«No se entendería que los grupos parlamentarias no facilitaran la aprobación de la ley para cumplir con una sentencia de la UE», subrayó el titular de la cartera de Fomento el pasado viernes, quien además solicitó «ayuda» de las formaciones políticas para «favorecer» las conversaciones entre los sindicatos y la patronal, «que más fácil será cuanto menos ruido político haya».